En la oposición, López Obrador le sacó mucho millaje político a la desaparición de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Desde el primer día aprovechó este tema para atacar al gobierno de Peña. Lo convirtió en un asunto electoral con la consigna de que “había sido el Estado”. Prometió que, de ganar la Presidencia, investigaría a fondo, resolvería el paradero de los muchachos y castigaría a los responsables.
AMLO ganó y le encargó el caso a Alejandro Encinas, un político con reputación en el ámbito de los derechos humanos. Se formó una Comisión de la Verdad que, junto con una fiscalía especial, avanzó en nuevas pesquisas.
Hasta que se toparon con un enorme muro verde imposible de franquear: el Ejército.
Efectivamente, como en el sexenio de Peña, las investigaciones se detuvieron cuando había que indagar el papel que desempeñaron los militares aquella maldita noche de Iguala en que las policías locales detuvieron a los estudiantes y se los entregaron a miembros del crimen organizado. Tal y como lo habían advertido, con toda claridad, la comisión internacional que también investigó este asunto de manera paralela, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Peña, como buen priista, no iba a permitir que involucraran a las Fuerzas Armadas en éste u otro caso judicial. De López Obrador se tenía una expectativa diferente. Sin embargo, desde el primer día de su mandato, el tabasqueño basó su gobierno en una creciente militarización de diversos asuntos públicos. Soldados y marinos se convirtieron en los principales aliados de AMLO.
Naturalmente, con tantas responsabilidades a su cargo, el Presidente no iba a “molestar” al Ejército con la “monserga” de involucrarlos en los acontecimientos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El muro verde que se había levantado durante el gobierno de Peña se hizo aún más infranqueable en el actual sexenio.
Entre cumplir su promesa de campaña o proteger a los militares, AMLO escogió lo segundo. En el camino, dejó colgados de la brocha a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad, y Omar Gómez Trejo, fiscal general de este caso. Ambos ya abandonaron estas funciones. Los mandos militares, en cambio, siguen campantes recibiendo cada día más responsabilidades gubernamentales.
Quedan siete meses para que termine el sexenio de AMLO. Todo indica que el Presidente incumplirá su promesa de resolver Ayotzinapa. Esto ha irritado a los padres de los muchachos quienes, con toda razón, se sienten utilizados políticamente por el actual mandatario.
El rompimiento entre las dos partes ha sido gradual. La semana pasada se llegó a un nuevo hito cuando un grupo de encapuchados, supuestamente estudiantes de Ayotzinapa, utilizaron una camioneta para romper una de las puertas de Palacio Nacional, en una muestra de protesta.
La imagen le dio la vuelta al mundo. Mientras AMLO daba su conferencia mañanera, los jóvenes derribaban el portón del recinto presidencial.
El mandatario, como es su costumbre, se victimizó. Responsabilizó a agentes nacionales y extranjeros de un complot en su contra. Y, claro, no faltaron en su lista los medios que se atrevieron a trasmitir tan ignominiosas imágenes del abatimiento de un acceso de Palacio Nacional, como si lo adecuado hubiese sido esconder una noticia de ese tamaño.
Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, amenazó con que, de no haber respuestas del gobierno de AMLO, escalarían la protesta apareciéndose “durante todos los actos de campaña que haga Claudia Sheinbaum”. Esto sería una pésima noticia para la candidata morenista, que está cuidando mucho sus eventos para que no haya ningún tipo de problemas. Un puñado de jóvenes, expertos en la protesta social, podrían ser tremendamente disruptivos en los actos de campaña de Claudia.
No por nada el Presidente se quejó de esta amenaza invitando a que las protestas también se llevaran a cabo en los eventos de los candidatos opositores.
En eso estábamos cuando tres policías estatales de Guerrero mataron a tiros, en una carretera de ese estado, a Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa, quien, al parecer, estuvo presente en el derrumbamiento del portal de Palacio Nacional. Esto complicará, aún más, la mala relación que ya existe entre los familiares de los desaparecidos con el gobierno de AMLO.
El Presidente usó el caso Ayotzinapa para atacar a su predecesor. Ahora es él quien está sufriendo los ataques por falta de resultados. Bien reza el dicho: “El que a hierro mata, a hierro muere”.
X: @leozuckermann
