Sigue incierto el destino del acuerdo entre el gobierno de Joe Biden, los legisladores centristas y progresistas del Partido Demócrata (son dos grupos distintos), y los congresistas republicanos de ambas cámaras (otros grupos distintos) sobre el apoyo a Ucrania y la frontera de Estados Unidos con México. Asimismo, permanece en la incertidumbre la aquiescencia del gobierno mexicano ante las exigencias norteamericanas, principalmente el restablecimiento del programa de Donald Trump de Quédate en México. Todavía puede derrumbarse todo, principalmente ante la embestida de Trump contra el proyecto de ley. Insiste que no se le debe hacer ningún regalo a su rival en las elecciones presidenciales de noviembre, sobre todo en un tema tan álgido para el país y tan favorable para los republicanos. Es muy posible que Biden sólo haya propuesto un trato para poner en evidencia la duplicidad republicana de lamentar la crisis en la frontera y rechazar cualquier intento de solucionarla.
El convenio, hasta donde se sabe sin que se conozca su letra chiquita, incluye varias disposiciones peligrosas para México. El esquema de Remain in Mexico impuesto por Trump a Ebrard y López Obrador y aceptado de manera ignominiosa por ambos en mayo de 2019, ante la amenaza de aranceles a exportaciones mexicanas a EU. Desde esa fecha y hasta que llegara Biden a la Casa Blanca, los solicitantes de asilo no-mexicanos que ingresaran a la Unión Americana, se vieron obligados a esperar su audiencia en suelo mexicano. Más de 70 mil centroamericanos, venezolanos, haitianos y nacionales de otros países se vieron hacinados en ciudades fronterizas mexicanas, en campamentos o albergues saturados, amenazados, asaltados, secuestrados o violados por el crimen organizado. Ahora, con un flujo casi tres veces mayor, Biden busca restablecer el mecanismo, con los riesgos para México.
En segundo lugar, el acuerdo en potencia se propone acelerar el proceso de deportación, y de restringir los criterios para el otorgamiento del asilo, mucha gente será devuelta a México, o permanecerá en México, por no poder ingresar a EU. Sobre todo, Biden propone —y esto sí es público y formal— que se le brinde al Ejecutivo la facultad de “cerrar la frontera” si el promedio de “encuentros” o de detenciones por las autoridades de aquel país supera los 5 mil diarios a lo largo de una semana.
Nadie entiende exactamente qué significa “cerrar la frontera”. ¿Se refiere Biden a los cruces autorizados para personas (y automóviles)? ¿Incluye los carriles de trailers y los cruces ferroviarios, como hace un mes en Eagle Pass/Piedras Negras, es decir, el gigantesco comercio entre los dos países? ¿O sólo se refiere a los centros de procesamiento de solicitantes de asilo? No lo sabemos, pero cualquiera de las hipótesis se antoja violenta y arteramente nociva para México.
De allí que muchos supongan que no nos queda más remedio que cumplir con las exigencias de Biden. La primera, de acuerdo con los medios estadounidenses, fue aceptada. En la visita a México de tres altos funcionarios de Washington el 27 de diciembre, solicitaron que se repusiera el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Demandaron que se reanudaran y se incrementaran los vuelos de deportación a otros países, la vigilancia de los trenes hacia el norte, los retenes en las carreteras mexicanas, y el acoso sistemático a los migrantes en suelo nacional. En cuanto a lo demás, es falso que no tengamos canicas para negociar. En tres frentes contamos con fichas y márgenes de maniobra. El primero se refiere al número y al tipo de deportados no-mexicanos procedentes de EU que aceptemos. Ningún país recibe a ciudadanos de otro país que no sean sus nacionales. No tenemos por qué aceptar el ingreso de cientos de miles de ciudadanos que no sean mexicanos. O podemos aceptar algunos, con topes y categoría.
En segundo lugar, podemos destinar mayores o menores recursos humanos, logísticos y fiscales a patrullar y sellar nuestra frontera sur y/o el Istmo de Tehuantepec. Se puede hacer todo lo que pide Washington, parte, muy poco, o nada. Todo depende a cambio de qué.
He aquí el tercer frente (…)
Por alguna extraña razón, López Obrador no quiso nunca pedir dinero a EU por hacerle el trabajo sucio. Sólo solicitó que lo dejarán en paz para hacer en México lo que quisiera. Ahora que vienen elecciones, este quid pro quo parece más apetitoso que nunca, pero la suciedad resulta más repugnante que nunca, y las presiones vecinas, más fuertes que nunca.