Conforme avanzan los plazos para las competidas elecciones de este año 2024, crece la presión para que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), decidan a quién le confían la elaboración de los materiales y documentación electoral que será utilizada el día de los comicios.
En plena temporada de licitaciones, esa presión viene directamente de la Secretaría de Gobernación, cuya titular, Luisa María Alcalde no ha podido frenar a la directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), Maribel Aguilera Cháirez, quien ha venido presionando e, incluso, amenazando a diversos integrantes de los institutos estatales electorales para que firmen un convenio con Talleres.
Resulta por demás grave que, con su actuar, TGM siga violando la autonomía de los OPLES, lo cual constituye un flagrante delito electoral que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería tomar en cuenta. Y lo más preocupante es que cualquiera puede comprobar que Talleres Gráficos de México no cuenta con la capacidad ni la infraestructura para poder cumplir con la elaboración de los materiales electorales necesarios sin el apoyo de terceros.
Para muestra un botón, el señor Sergio Rosas Estrada, Gerente de Impresión y Acabados de Talleres Gráficos de México, ha comentado que, en años pasados, han impreso hasta 171 millones de boletas electorales en 24 días y que, para este año deben imprimir 312 millones solo para la elección federal.
Pero para lograrlo, necesitan más máquinas para sacar la impresión en tiempo y forma, ya que tendrán que imprimir poco más de 12 millones de boletas por día, con una sola máquina porque no tienen otra para llegar al número que requiere el proceso federal.
Resulta inevitable, entonces, que TGM tendrá que recurrir a sus empresas “de confianza” para poder cumplir. Y por ello su directora general presiona, como nunca, a los OPLES a firmar un contrato que le permita a Talleres optar por un tercer proveedor sin mayor requisito que una carta donde digan que lo pueden hacer.
En los hechos, desde Talleres Gráficos de México se fragua una “nueva Estafa Maestra”, ya que, a partir de las presiones de Maribel Aguilera Cháirez, los gobiernos tanto federales como estatales están privilegiando la contratación de los servicios de diferentes instancias gubernamentales sin la necesidad de llevar a cabo licitaciones públicas. Este fue el caso de la Estafa Maestra que tanto indignó a los mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Recordemos que, en ese entonces, los contratos se transferían a universidades y entes públicos estatales porque la Ley de Adquisiciones lo permitía, era una triangulación de contratos que al final recaían en empresas privadas, que sin mayor complicación recibían los contratos y repartían sumas económicas importantes entre las universidades y las instancias contratantes.
Todo este ambiente de presiones ha generado mucha preocupación entre los consejeros electorales de diversos estados del país, porque saben que TGM ha incumplido en procesos anteriores con la entrega de los materiales necesarios para que los ciudadanos podamos votar.
A Tamaulipas, por ejemplo, no le han cumplido con el convenio que firmaron en septiembre pasado. Incluso hay evidencia de que Talleres Gráficos de México les pidió una prórroga porque no están en posibilidades de cumplir. A Tabasco, TGM no le cumplió en el 2021, a Michoacán tampoco. Pero cuando los OPLES quieren optar por una opción distinta, se incrementan las presiones y hasta las amenazas de parte de varias instancias del Gobierno Federal.
Por ello, ante esta ilegal intromisión y amenazas, diversos consejeros electorales de los estados tienen miedo y no quieren alzar la voz para no verse afectados. ¿Ocurrirá lo mismo con los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California?
Todo este enredo radica en que la señora Aguilera Cháirez quiere compartir el negocio con Juan Sebastián Estrada, dueño de las empresas Gráficas Corona, Ideeo 4.0, IdeeoLab, One to One Solutions y sus socios de Formas Finas y Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., éstas últimas de la familia Carranza, todos con incumplimiento en diferentes OPLES, el más visible es el de Gráficas Corona y Formas Finas que fueron descalificados en el Estado de México por tener antecedentes graves de incumplimiento.
Incluso, en el Estudio de mercado para identificar proveedores con la capacidad necesaria para elaborar documentación y materiales electorales, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, del propio INE, publicado en el 2022, la empresa Gráficas Corona JE, S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México, aparecen en el primero y segundo lugar, respectivamente, con el mayor número de incumplimientos.
En el fondo de estas presiones, está la intención de Gobernación de meter las manos en el proceso electoral 2024, el más complejo y grande de nuestra historia. Se trata de un retroceso que pone en riesgo la certidumbre de estas elecciones y el derecho de los mexicanos a tener, en tiempo y forma, los materiales y la documentación electoral necesaria para plasmar nuestra voluntad popular para elegir a nuestros gobernantes.
¿Cuántos OPLES más caerán en la trampa que les ha montado la directora de Talleres Gráficos de México, para beneficiar a las empresas cercanas a sus intereses particulares? ¿Se darán cuenta los consejeros de los distintos institutos electorales estatales del grave riesgo en el que están incurriendo por las presiones de una funcionaria federal que está fuera de control?
