El contrato social, concepto acuñado por los académicos de la teoría política y filosófica, es en términos prácticos un acuerdo -implícito o explícito- entre los individuos y la sociedad o el Estado para establecer y limitar los derechos y los deberes de cada parte. Es natural que las sociedades que logran vivir en armonía sean aquellas que han conseguido un equilibrio entre los derechos y las obligaciones. Cuando esta relación es desigual, surgen los problemas. Reflexionemos esto a diferente escala.

Elevar la cultura cívica de los ciudadanos implica el entendimiento y respeto al equilibrio entre derechos y obligaciones. En alguna ocasión me comentó el gran David Konzevik su preocupación porque en el mundo había una especie de ola en favor de los derechos humanos, pero no se mencionaban las obligaciones humanas. Tan es así que existe un día en favor de los primeros (10 de diciembre), pero no hay una fecha conmemorativa para las segundas. Generar ciudadanos demandantes de derechos, pero poco o nada conscientes de sus obligaciones, es generar una sociedad disfuncional. Derechos y obligaciones debería ser una materia permanente y adaptada a todos los grados escolares, para ejercer la práctica de una cultura de responsabilidad individual y colectiva.

Una democracia sana implica la búsqueda del equilibrio entre estos dos conceptos. Cuando los gobernantes no cumplen con sus obligaciones básicas, los ciudadanos quedan a la deriva. ¿Nos extraña ver la petición de seguridad y justicia que un grupo de mujeres wixárikas hacen a un líder de la delincuencia, en lugar de dirigirse al gobierno legítimo? Parte del equilibrio en el funcionamiento de la sociedad y el gobierno son las prácticas que regulan derechos y obligaciones. Eliminar organismos regulatorios autónomos atenta contra el derecho que tiene la sociedad para ejercer un contrapeso a la inercia del Estado, no siempre justo, no siempre eficaz. Lo que debe buscarse es que los órganos regulatorios funcionen bien y para el bien social, sin corrupción; no eliminarlos de tajo.

El poder político y la legitimidad del gobierno provienen del consentimiento de los gobernados. Éste es el fruto de la democracia. La autoridad gobierna legítimamente solo si respeta el contrato social. La búsqueda de un ejercicio gubernamental sin contrapesos es querer los derechos sin las obligaciones. ¿A cambio de qué debería ceder la sociedad el derecho de regular a los mandatarios? Thomas Hobbes, filósofo, autor de «Leviatán», sostiene que, para vivir en sociedad, los ciudadanos deben ceder ciertos derechos al Estado a cambio de protección y orden (la primera es la fundamental razón para la existencia de un Estado). ¿Y cuando ni siquiera contamos con protección y orden?

Tenemos el derecho a un mejor país, también la obligación de construirlo.

@eduardo_caccia

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