Comenzó el 2024 y uno de los puntos centrales del debate en la recta final del actual sexenio, más allá de las magnificentes obras gubernamentales que poco o casi nada han ayudado a detonar el crecimiento de la economía, es el excesivo endeudamiento con el que cerrará el gobierno lopezobradorista con cargo, por supuesto, a la población.
Veamos porqué. El Paquete Económico 2024 contempló un endeudamiento histórico de 5.4% del PIB, bajo la premisa de impulsar la economía con un mayor gasto público.
Al analizar la deuda pública desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que, bajo los supuestos de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024, el crecimiento económico sería de entre 2.5% y 3.5%, alcanzando una productividad laboral positiva de apenas el 0.3% anual.
Por lo que, el crecimiento económico proyectado se basa en un mayor número de personas trabajando, y no porque los empleos sean más productivos. Además, dicho sea de paso, el crecimiento estimado estará dentro del rango de lo observado en la última década, es decir con tasas porcentuales mediocres, nada de que vanagloriarse ni sentirse orgullosos.
Por el contrario, debería preocupar el nivel de endeudamiento en el que estaremos de los mexicanos. Según los CGPE, el indicador de la deuda aumentará de 45.6% a 48.8 % del PIB en 2024 y de 2025 a 2029 se mantendrá en 48.9%.
El indicador por persona crecería de 119 mil 239 pesos a 126 mil 818 pesos por persona ajustada (por productividad) en 2024 y de 2025 a 2029 subiría a 135 mil 948 pesos.
El CIEP refiere que, considerando la transición demográfica y las estimaciones y tendencia de los ingresos y el gasto público, el indicador de la deuda por persona en 2030 incrementaría a 174 mil 801 pesos, debido a que los ingresos públicos representarían el 20.3% del PIB y que el gasto primario sería del 23.9% para el mismo año.
En el documento ‘Sostenibilidad de la deuda pública en México. Análisis y perspectivas del Paquete Económico 2024’, el organismo destaca que esta situación representa retos para plantear estrategias que mejoren la eficiencia en el ejercicio del gasto y, a la vez, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social para ampliar la carga tributaria con equidad para todas y todos los mexicanos.
Es esencial priorizar inversiones que fomenten el crecimiento económico a largo plazo, como la educación inicial y la salud pública, lo que también aumentaría la productividad laboral y los ingresos futuros.
De igual forma, las políticas públicas deben considerar el impacto intergeneracional de la deuda y evitar que esta responsabilidad fiscal se cargue a las futuras generaciones, ya que implementar un mayor gasto sin financiamiento en el presente, se traduciría en mayores impuestos en el futuro.
Otro punto relevante a considerar es la disminución de los ingresos petroleros, pues pasaron de representar el 44.3% de los ingresos totales en 2008 al 18.4% en 2023, por lo que se deberían desarrollar estrategias para diversificar las fuentes de ingreso del gobierno y, a la vez, mejorar la eficiencia en el gasto público.
Ya que este año será de definiciones políticas y económicas con la esperanza de un auténtico cambio, es importante reevaluar también las estrategias fiscales actuales para garantizar un crecimiento económico sostenible y justo para todas las generaciones presentes y futuras.
La sostenibilidad y la inequidad intergeneracional de la deuda pública siguen siendo un tema pendiente en la política fiscal.
