En la FIL de este año me tocó participar en una mesa de discusión que en los hechos versó sobre los peligros que corre la democracia en Europa, y los contrapesos existentes que la protegen. Con colegas de esa región del mundo, insistimos en la pertinencia y necesidad de instituciones tanto nacionales como supranacionales como la mejor defensa posible de una democracia amenazada. En particular me permití subrayar el papel clave que puede asumir el andamiaje construido por la Unión Europea desde el Tratado de Roma hace casi setenta años, para evitar retrocesos democráticos como los que se han producido en Polonia e Hungría, y que se asoman en Italia.
Los mecanismos supranacionales para asegurar la continuidad democrática en los 27 países de la UE, desde la Corte de Derechos Humanos de Luxemburgo hasta la suspensión de un miembro por violaciones a la separación de poderes, las libertades individuales, el Estado de derecho y los compromisos sociales, están resultando decisivos para la democracia europea. Bruselas tiene la pistola con la bala pasada, lista para disparar. Hasta ahora, con Polonia y Hungría, no ha querido jalar el gatillo, en parte porque los dos países cuestionados se protegen mutuamente con su veto. Pero es claro que la sorprendente moderación del gobierno de Meloni en Roma se debe en parte a la amenaza de detener el desembolso de más de 350 000 millones de euros para la agónica economía italiana si violara disposiciones centrales de los tratados que han formado la UE.
México no cuenta con un ancla parecida, el término que Felipe González utilizó para caracterizar la importancia del ingreso de España a la CEE en 1985: un ancla para salvar a España de sus propios demonios autoritarios. Algunos procuramos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo fuera explícitamente; ni Salinas ni Bush siquiera lo contemplaron. El Acuerdo de Cooperación (de hecho, otro TLC) con la Unión Europea de 1998 incluye una cláusula democrática; Zedillo la aceptó. En los hechos, la suma de TLCAN, UE y ahora T-MEC, por lo menos en el espíritu de los mismos, funge como el equivalente de un ancla. No es igual, pero es algo.
Un muy buen ejemplo se encuentra en la investigación del cultivo del aguacate en Michoacán y en particular en el municipio de Patuán, realizada a lo largo de los últimos meses por Climate Rights International y Daniel Wilkinson. El informe, resumido en un largo artículo en The New York Times hoy, revela que el boom del oro verde en ese estado —y también ya en Jalisco— ha entrañado no sólo una deforestación o tala brutal de pinos, robles y oyameles. Además, siendo el aguacate un árbol que consume mucha más agua de los acuíferos de la zona, el cultivo masivo ha generado una escasez de líquido para otros usos. Los árboles de aguacate consumen catorce veces más agua que los pinos. Ojalá los medios mexicanos le den la importancia que merece al informe de CRI.
Los ambientalistas mexicanos, algunos funcionarios federales y otros estatales o municipales intentan lograr que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que lleva a cabo inspecciones de los huertos aguacateros para impedir el uso de pesticidas prohibidos por Washington, se ocupe del asunto. Hasta ahora, el DofA, y seguramente Ken Salazar, el embajador de México en Washington (no es error o dedazo: es la simple verdad) se han abstenido de involucrarse en este berenjenal, aduciendo que ellos no pueden vigilar el estatuto legal de la tierra, es decir, el uso de suelo o el daño ambiental.
Huelga decir que estos esfuerzos han sido objeto de amenazas, sobornos, intimidación y violencia por parte de los aguacateros, del narco ya vinculado a los huertos, y de grupos del crimen organizado. Como lo dijo una víctima de secuestro, un purépecha a quien le apuntaron una pistola a la cabeza: “Los aguacates que ustedes consumen en Estados Unidos están bañados en sangre”.
El cultivo de aguacate emplea a más de 300 000 jornaleros en Michoacán, y genera 2 700 000 millones de dólares en exportaciones. Los norteamericanos consumen tres veces más aguacates hoy que hace 20 años, y el 90 % de ese consumo viene de México. Es la proverbial gallina de los huevos de oro, que muchos mexicanos, según el Times, tratan de preservar y mejorar, y que muchos otros están destruyendo. En vista de la increíble debilidad de las instituciones municipales, estatales e incluso federales en México que pudieran intervenir para regular, vigilar y controlar la industria aguacatera, todo indica que la única solución reside en el endurecimiento de los requisitos ambientales y legales para acceder al mercado estadunidense.
Teniendo Biden apuntada y cargada la pistola, ha optado por no disparar: ni en materia de energía, ni de derechos humanos o Estado de derecho, ni de la democracia mexicana. Seguramente no lo hará tampoco en las colinas de la región de Uruapan. Pero en ausencia de instituciones mexicanas que funcionen en este y tantos otros ámbitos, es la pistola que hay. Hacen bien los agricultores, activistas y oriundos de Patuán en pedir que alguien jale el gatillo. De lo contrario, en veinticinco años, todos se quedarán sin nada: los jornaleros, los aguacateros, y los norteamericanos consumidores de wacamoli en Super Sunday.
