El Diccionario de Lenguas de Oxford define “gandalla” como un adjetivo, coloquial, despectivo, que se usa en México y se refiere a una persona “que es abusiva y tiene malas intenciones”.
Es una palabra muy mexicana para un país lleno de “gandallas”.
Los vemos todos los días. Los que, por ejemplo, se saltan la fila y, lejos de sentirse avergonzados, piensan con orgullo: “Me los chingué”.
Una de las variantes del “gandallismo” nacional es encontrar subterfugios para darle la vuelta a obligaciones legales.
Ejemplo: los miles de coches que circulan por la Ciudad de México con placas de Morelos, para así no pagar la tenencia. Otro: la subcontratación de servicios de personal, el llamado outsourcing, para que las empresas no pagaran el Seguro Social o el reparto anual de utilidades a sus trabajadores.
Celebro que el gobierno de López Obrador haya corregido los excesos del outsourcing. Lástima que evitan el “gandallismo” de un lado, pero lo ejercen a cabalidad del otro.
La 4T se ha convertido en experta para encontrar subterfugios que le permitan darle la vuelta a sus obligaciones legales.
La semana pasada vimos el “gandallismo” en forma pura de la 4T en el Congreso. Un espectáculo detestable.
El proceso legislativo está perfectamente normado. Una de las cámaras (la “de origen”) recibe una iniciativa para modificar las leyes que nos rigen. El presidente de este órgano declara la recepción de la iniciativa y, de acuerdo a la materia que se trate, la turna a una de las muchas comisiones que existen para su estudio y dictamen correspondiente.
Una vez que la comisión debate y dictamina la iniciativa, pasa al pleno de la cámara con la propuesta de votarla a favor o en contra. Ya en la asamblea, con un mínimo de quórum, se hacen dos lecturas del dictamen para que lo conozcan los legisladores. Luego se abre la discusión en lo general y en lo particular, en la que pueden participar todos los congresistas que se apunten. Agotadas las discusiones, el proyecto de dictamen se somete a votación nominal, que puede aprobarse o rechazarse.
Si se vota en contra, la asamblea puede decidir que se deseche por completo o regrese a comisiones. Si se vota a favor, el proyecto se manda a la otra cámara (la “revisora”) como una minuta que se turna, a su vez, a comisiones para su dictamen. Ahí se vuelve a debatir y emitir una nueva opinión que, cuando está lista, se pasa al pleno para su votación con un mínimo de quórum. En caso de que sea favorable, la iniciativa se envía al Ejecutivo para su promulgación.
El proceso legislativo tiene sus tiempos y reglas definidas. Sin embargo, los reglamentos del Congreso permiten la “urgente u obvia resolución de las leyes”, es decir, un proceso fast track.
En este caso, el presentador de la iniciativa solicita que se vote de inmediato, sin turnar el proyecto a comisiones, el proyecto de ley. El pleno de la cámara, en votación económica y por mayoría simple, decide si el asunto es efectivamente de “urgente resolución”. De esta forma, se obvia el proceso legislativo normal.
Tiene todo el sentido del mundo que un Congreso pueda legislar de esta manera por cuestiones de emergencia. El mecanismo está diseñado para situaciones excepcionales. La 4T, sin embargo, ha hecho de la excepción, regla.
Ahora les dio por pasar un montón de leyes en ambas cámaras del Congreso de manera exprés. El sábado por la madrugada, en sede alterna, los senadores de Morena, PT y el Verde aprobaron 20 reformas a la ley en tan sólo cinco horas.
Este tipo de “gandallismo” ya había ocurrido en sexenios pasados. Sí, usaron el mecanismo de “urgente u obvia resolución de las leyes”, pero como excepción, no como regla. Aquí lo que observamos fue un “gandallismo” en esteroides promovido desde Palacio Nacional.
Lo increíble es que, ahora, en su iniciativa de reformas administrativas pretenden cambiar la ley para que el gobierno no tenga que cumplir las mismas obligaciones jurídicas que los privados en materia, por ejemplo, de construcción. Mientras que un privado está obligado a sacar una serie de permisos de todo tipo antes de comenzar la edificación, el sector público podrá lanzarse a hacerlo sin obtener las licencias requeridas. Se trata de la legalización del abuso. Su “gandallismo” no tiene límites. Están, como decía un priista de antaño, en la “plenitud del pinche poder”. Es el momento del agandalle presuntuoso. Porque, sí, efectivamente, hasta lo presumen.
¿Para qué es el poder si no es para meterse en la fila y chingarse a los demás?
Twitter: @leozuckermann
