La venta por parte de Iberdrola de 16 centrales de generación eléctrica no representa una nacionalización de esta industria, como ha asegurado el gobierno mexicano, toda vez que, si bien hay una participación pública en los recursos, la adquisición la realiza un fideicomiso privado, aseguró este miércoles el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”, explicó.
El día de ayer, Iberdrola dio a conocer que el fideicomiso Mexico Infrastructure Partners (MIP), una entidad mexicana especializada en infraestructura y energía, de la mano con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), adquiriría un paquete de 15 centrales eléctricas de ciclo combinado y una planta de energía eólica, propiedad de la firma española, por un monto total de 6 mil millones de dólares.
La mayoría de las plantas de ciclo combinado con base en gas natural operaban bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE) que vendían la totalidad de su producción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con Iberdrola, de concretarse la venta, la CFE al mando de Manuel Bartlett Díaz operará las centrales eléctricas.
“Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”, insistió el IMCO dirigido por Valeria Moy.
Recordó que, luego de la reunión entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el COE global de Iberdrola, Ignacio Galán, el martes de esta semana, el gobierno mexicano afirmó que, con esta operación, el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6 a 55.5 por ciento.
“No obstante, es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIE ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública”, subrayó el Instituto.
“En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE”, añadió.
Con respecto a esto, el IMCO comentó que hasta el momento se desconoce el monto de los recursos con los que participará el Fonadin y el resto de las entidades públicas, pero destacó que, aunque esos recursos no impacten en la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos.
“A pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, es necesario cuestionar la conveniencia de asignar recursos, por definición escasos, en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país”, expresó.
También advirtió que esta transacción abre la puerta a que CFE expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales.
“(Esto) pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro”, alertó.
