Las nuevas reformas laborales aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso representan un duro golpe para las empresas, declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana, Julián Palombo Saucedo.
El lunes, en dicha comisión de la Cámara de Diputados, se avalaron reformas para reducir de 48 a 40 las horas laborales por semana y establecer dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo.
Para las empresas implica aumentar un 20% la nómina porque por cada cinco empleados se tendrá que contratar a un sexto para cubrir el día adicional de descanso, lo que se traduce en más gastos de operación, afirmó Palombo Saucedo.
Con la reducción de 8 horas a la jornada laboral, las empresas tendrán un 17% menos de tiempo de producción y por ende una disminución de su ingreso, agregó, por lo cual si quieren mantener sus niveles de producción deberán incrementar su fuerza laboral, lo también suma más gastos de operación y carga tributaria.
A las reformas aprobadas en comisiones, recordó, le antecede el aumento del 20% al salario, del 43% al Impuesto Sobre la Nómina y 100% a los días de vacaciones.
Difícilmente las empresas resistirán las reformas, lamentó, algunas podrían optar por migrar a la informalidad, mientras que otras cerrarán.
Sostuvo que antes de aumentar la carga tributaria, se debe ampliar el padrón de contribuyentes, ya que tan solo en la ciudad la informalidad es del 36.6%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Las empresas formales pagamos Seguro Social, Afore, Infonavit, rentas, servicios públicos, entre otras obligaciones que incrementarán con estas reformas”, manifestó.
Manifestó que para hacer frente a los nuevos gastos, las empresas deberán aumentar sus costos, lo que al final impacta el bolsillo de los ciudadanos.
El Presidente de Canaco Tijuana señaló que previo a la presentación de la iniciativa, se debió analizar la salud financiera de las empresas.
Las reformas, que aún tendrán que votarse en el pleno del Congreso y después pasar al Senado, modifican la fracción IV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.