Si realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo la intención de transformar las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país, debió empezar por la educación, por virtud de que la mayor fuerza para un cambio social y estructural del tamaño que desea, debió ser por la vía de la enseñanza primaria, secundaria, preparatoria y universitaria; no a través de “sermones diarios” –al menos cinco a la semana—llenos de odio, de enfrentamiento entre los sectores sociales “con cargo al erario nacional”.
Durante los 14 años que acudió a la UNAM para titularse, con toda seguridad que reprobó –al menos por diez años de exámenes extraordinarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales—las materias relacionadas con la “Planeación política y económica de un país”, que debió haber repasado mil veces sin entender, y optó por convertirlas en “pláticas de ocurrencia” que no son estrategias para el desarrollo económico, político y social de México.
Todos estos razonamientos se desgranan de la equivocada política de desarrollo educativo nacional, la cual funcionarios actuales de esta dependencia, quieren cambiar de rumbo, con una orientación de izquierda, más parecida al socialismo.
Desde el inicio de la administración de López Obrador, como ocurrió con la contratación, como secretario de Educación Pública, de un individuo sin “pizca de vocación educativa”. Fue un error.
Con el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como titular de la SEP, el Presidente desperdició la oportunidad de implantar un nuevo esquema, más eficiente y de largo alcance –por lo menos durante su sexenio—para que se consolidaran los programas oficiales de educación. Sin embargo, con casi dos años de gestión, Moctezuma recibió la anuencia del gobierno de Estados Unidos, para ser embajador de México en el país del norte, con su consecuente renuncia al gabinete directo de López Obrador.
Llegó entonces a la SEP, la “flamante” acarreadora de masas, profesora Delfina Gómez Álvarez, con un prestigio de deshonestidad que la acompaña hasta en sus días de descanso. Después de ser senadora de la República, dejó su escaño para ser titular de Educación Pública Nacional. Sus peores antecedentes como servidora pública, se refieren a que, cuando ocupó la Presidencia Municipal de Texcoco, fue acusada por descontar cantidades considerables al sueldo de los trabajadores sindicalizados del municipio que gobernaba, “para apoyo de la causa política” del partido de su preferencia: Morena.
Pasado un año y medio desde su toma de posesión en la SEP, la profesora Gómez Álvarez decide aspirar a la gubernatura del Estado de México y renuncia a su gestión como secretaria de Educación Pública, sin enterarse cabalmente del quehacer de un titular de esa muy importante cartera, cuando ya pensaba en el siguiente “escalón”. Le importó muy poco dejar la conducción educativa del país, sin planes de estudio definidos, “y a otra cosa, mariposa”.
Así, la sucesora de Gómez Álvarez, es otra profesora de primaria egresada también de la Escuela Nacional de Maestros y con estudios en Antropología Social: Leticia Ramírez Amaya, quien en esta administración tenía la responsabilidad de recibir y turnar peticiones sociales de determinados servicios del gobierno, para distribuirlas en las diversas dependencias federales. Era encargada de Atención a la Ciudadanía, del Gobierno de México.
En estas condiciones de cambios en la titularidad de la SEP –en tan sólo cuatro años de gestión del actual gobierno “el mánager ha pedido la bola al pitcher de turno en tres ocasiones”—ante la falta de liderazgo en el proceso de transformación y modificación de las estructuras educativas, ejecución de políticas a seguir y modernización de la educación en general.
Un cambio en la manera de gobernar un país, no es lo mismo que un “juego de pelota” (valga la comparación con un deporte que le encanta al presidente López Obrador). En el beísbol “sustituir al pitcher cuando tira más bolas que straiks”, y todas se las batean, el mánager de inmediato cambia al pitcher. El Gobierno de México ha cambiado en tres ocasiones al titular de la Secretaría de Educación Pública.
Sin embargo, no han sido suficientes cuatro subsecretarios para tomar decisiones en materia de revisión y actualización de los Libros de Texto Gratuitos. Tuvo que “dar la cara” el director general de Materiales Educativos de la SEP, de nombre Marx Arriaga, y su contlapache de origen venezolano, Sady Arturo Loaiza (quien cree en Nicolás Maduro y adora a Hugo Chávez), declararon a la prensa que no habrá más editores privados de libros escolares “para que impere la visión de la izquierda”.
El apellido Marx es conocidísimo en todo el mundo. Nada menos que Carlos Marx es autor del libro “El Capital”, que aún se edita por miles y, prácticamente, los economistas de todos los países tienen un ejemplar a la mano. Pero este Marx que ahora propone “que no serán legales los libros de texto editados por privados”, se nombra Marx y su apellido es Arriaga.
A ciencia cierta, no se sabe que este Marx sea mexicano, porque podría ser alemán y descendiente del auténtico Marx, o podría ser familiar de Maduro, por aquello de que trajo a México a un venezolano para ayudarle a cambiar la ideología y creatividad de los Libros de Texto Gratuitos, con la prioridad de desplazar a los empresarios de esta tarea que, según dice, es para beneficio de los “mexicanos de izquierda”.
Ambos funcionarios de la SEP participaron en un seminario organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, denominado “Libros de Texto Gratuitos. Avances y Retos de una Nueva Política”, coordinado por el mencionado ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza.
Con seguridad, estos funcionarios de la SEP, arrastran rescoldos de ideologías socialistas y comunistas, porque hablaron de “la necesidad de impedir la comercialización de la educación, lo cual es un mercado que debe estar en manos del gobierno”.
Según dijeron, la educación y la cultura de los mexicanos impartidas por entidades del gobierno, favorecerá que “el sueño de la izquierda se haga realidad”; que lleguen a todos los niveles socio-económicos. Puntualizó Arriaga que, desde la década de los ochenta, los empresarios privados se han dedicado a hacer de la educación un mercado. Generan mano de obra barata en los procesos de edición y contenido, y destacó que participan empresas transnacionales.
Entre varios participantes más, destacó la plática de la investigadora Lorenza Villa Lever, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó –con relación a lo dicho por Marx Arriaga, de que “los libros de texto de secundaria, que esas empresas comercialicen el próximo ciclo escolar, serán ilegales”—que no puede imponerse una visión única en la educación, ni un libro de texto único para los niños”.
Manifestó su desacuerdo de excluir a las empresas en tareas educativas. Destacó que, “lo contrario, sería una vuelta a la inquisición”. Dijo que “tampoco puede tacharse de ilegales, a los libros que no edite el Estado”.
“No se puede hablar de esa manera. No hay libros ilegales. El conocimiento es diverso. Tenemos que estar abiertos y formar a nuestros niños con su criterio y hacerlos críticos. Decir que hay libros ilegales, es casi llevarnos a la Inquisición”, puntualizó.
“La diversidad que tenemos en México, no nos permite tener una sola visión. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la SEP, dan orientaciones técnico-pedagógicas, para que se hagan los libros de primaria y secundaria”.
De igual manera, para materiales de secundaria, entra en contacto con distintas editoriales que ingresan a la convocatoria y establecen el precio al que se va a comprar el libro a estas editoriales”, explicó la experta.
