Algunos países y empresas privadas están utilizando la «retórica de la lucha contra el terrorismo y la seguridad» para justificar un importante aumento del despliegue y uso de tecnología de vigilancia de vanguardia, sin regulación alguna, y con un «devastador» coste para los derechos humanos, afirmó el martes una experta independiente de la ONU.
En un informe presentado durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, la relatora* especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin**, advirtió de un alarmante aumento del uso de «tecnologías intrusivas y de alto riesgo».
Entre ellas se encuentran los drones, la biometría, la inteligencia artificial (IA) y los programas espía, que se están intensificando en nombre de la lucha contra el terrorismo, sin tener debidamente en cuenta el Estado de derecho, la gobernanza y los derechos humanos.
La excepción se convierte en norma
«Las justificaciones excepcionales para el uso de tecnologías de vigilancia en la lucha antiterrorista contra los derechos humanos a menudo se convierten en un uso regular mundano», dijo Ní Aoláin, señalando el impacto sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la privacidad.
«Debe haber una pausa en el uso de tecnologías intrusivas de alto riesgo hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas», afirmó.
La experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por el creciente uso de drones en varios países para tareas de seguridad, el uso indebido generalizado de tecnología de espionaje contra grupos de la sociedad civil, disidentes y periodistas, y la creciente recopilación de datos biométricos.
Detener la transferencias de tecnología no regulada
«Debe ponerse fin a la transferencia no regulada de tecnologías de alto riesgo a Estados que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos», afirmó la relatora especial, que instó a las autoridades a legislar más eficazmente el marco de acción de las empresas que participan en la transferencia de tecnologías de vigilancia al extranjero.
«En ausencia de regulación, el coste para los derechos humanos sólo puede aumentar sin que haya un final a la vista», afirmó Ní Aoláin.
Prohibición mundial de los llamados «robots asesinos
Ní Aoláin se sumó a la petición de una prohibición mundial de los sistemas de armas autónomas letales y destacó las obligaciones específicas de los diversos organismos antiterroristas de la ONU para garantizar que cualquier orientación y asesoramiento que se proporcione sobre nuevas tecnologías sea plenamente coherente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Y también presentó al Consejo un enfoque nuevo e innovador para regular los programas espía, que se centraría en garantizar que tanto los gobiernos como las empresas apliquen unas «normas mínimas de derechos humanos» en el desarrollo, uso y transferencia de tecnologías de vigilancia de alto riesgo.
Recomendaciones
La relatora hace una serie de recomendaciones a los Estados, las Naciones Unidas y las empresas, entre las que figuran:
- Aprobar una legislación nacional exhaustiva que proteja los derechos individuales y los derechos de grupo en la recopilación de datos basada en motivos de seguridad nacional, lucha antiterrorista, extremismo violento o extremismo
- Garantizar que, en sus políticas y procedimientos para el uso de drones armados, tanto dentro como fuera de los contextos de lucha contra el terrorismo y de conflicto, incluso cuando actúen extraterritorialmente, los Estados observen estrictamente las normas establecidas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos
- Garantizar que el uso de drones armados en el contexto nacional se haga bajo sólidos mecanismos de supervisión en pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos
- Aprobar legislación nacional exhaustiva que proteja adecuadamente el derecho a la intimidad como derecho de acceso que permite y sustenta la protección de otros derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos no derogables, incluyendo una legislación exhaustiva sobre protección de datos
- El Secretario General de la ONU debe iniciar el proceso de inspección y evaluación internas o una auditoría externa independiente del Programa de Lucha contra los Viajes Terroristas para garantizar la integridad de sus prácticas y transferencias tecnológicas en materia de derechos humanos, protección de datos y Estado de Derecho
- Las empresas de los sectores de las nuevas tecnologías deben aplicar práctica y públicamente sus operaciones guiadas por el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y actuar con la debida diligencia para evitar impactos adversos sobre las personas y las comunidades, incluso a través del marco «respetar, proteger, remediar» establecido en virtud de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
- Las empresas de nuevas tecnologías deben actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Esto incluye la realización de evaluaciones de riesgo de los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, tanto directos como indirectos, durante todas las fases de las operaciones empresariales
*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
**Fionnuala Ní Aoláin, relatora* especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
