Pocos momentos serán tan importantes en la historia moderna del Máximo Tribunal como los que se avecinan en Pino Suárez número 2.
Estoy seguro que los 11 integrantes del pleno están conscientes del reto para resolver los litigios que cuestionan la constitucionalidad del paquete electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprobado por sus legisladores en el Congreso. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no lo evita, Morena pasará a la historia como el verdugo de la democracia mexicana en el siglo XXI.
Respecto a la decisión jurídica, hay dos formas de conciencia para un juez de esa jerarquía, los que son capaces de traicionar su compromiso para salvaguardar el orden constitucional y el grupo mayoritario que respaldará la anulación del llamado ‘plan b’, que busca aniquilar la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE), señalado abiertamente como el obstáculo más grande ante la ideología autocrática del obredorato.
No hay en la escena nacional un tema más trascendente, no existe una prioridad mayor para la sociedad civil que salir a las plazas públicas de forma pacífica a expresar su repudio por el atropello impulsado desde el Ejecutivo, en complicidad con las mayorías legislativas postradas ante el tabasqueño.
Llegó la hora de las definiciones para ubicarnos en el lado correcto de la historia, en defensa de las instituciones que construyeron la estructura que ha permitido elecciones transparentes, profesionales y organizadas con autonomía e imparcialidad.
¿Estarán sensibilizados nuestros jueces constitucionales sobre lo que verdaderamente está en juego? Es claro que sí, pero ya se prepara desde la Secretaría de Gobernación la estrategia de presión para fracturar la declaratoria de inconstitucionalidad del paquete legislativo del presidente, que no quiere un INE en plenitud operativa para el domingo 2 de junio de 2024.
Ese día se elegirá al sucesor o sucesora de un mandatario profundamente incongruente, que dice defender la democracia cuando en realidad se ocupa de tiempo completo en debilitar a los órganos que la hacen posible. Un doble discurso digno de un aprendiz de dictador.
La frontera se delimitará con los ocho votos necesarios de mayoría calificada para expulsar de nuestro sistema jurídico las leyes regresivas, impugnadas mediante diversas acciones de inconstitucionalidad. Se aproxima la gran prueba y se perciben divisiones de criterio entre quienes son capaces de sostener un atropello a costa de su carrera jurisdiccional, lo digo por el grupo bien identificado que opera desde adentro a favor del régimen.
Hay tres intenciones que podrían llevar al límite el fiel de la balanza para cerrar una decisión que se antoja clara desde la perspectiva jurídica. Loretta Ortiz, exlegisladora federal de Morena y escudera de las causas de AMLO, es un voto perdido. También se aprecia en ese mismo sector a Yasmín Esquivel Mossa, cuya autoridad moral está destruida en el ocaso de su trayectoria profesional como juzgadora. Finalmente ya no tiene nada que perder mientras se aferre al cargo y pueda seguir votando asuntos. Una tercera intención en ese grupo es la de Arturo Zaldívar, que hipotecó su capital a favor del presidencialismo demagógico.
La Corte se juega todo, su presidenta está por enfrentar la prueba más intensa de su carrera judicial para asumir un liderazgo que permita a sus pares desplegar el máximo nivel de independencia ante una resolución que marcará el destino de nuestro país.
Para resolver en el pleno, Norma Piña Hernández es un voto más entre sus pares, pero su verticalidad en la presidencia del Poder Judicial de la Federación ha mandado un mensaje certero e inequívoco a quienes estaban habituados a las genuflexiones.
Se requieren ocho voluntades firmes para darle un revés a la intolerancia, así lo esperan decenas de miles de ciudadanos que se expresarán el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y otras 86 ciudades.
Como parte del procedimiento para dar trámite a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas para impugnar el entuerto electoral de la llamada 4T, el ministro Alberto Pérez Dayán ha suspendido temporalmente algunas de las reformas contenidas en el primer paquete de leyes que violentan el principio de equidad en los procesos electorales venideros, esto sin prejuzgar sobre las decisiones definitivas en los demás litigios relacionados, que serán procesados en las próximas semanas.
Las ministras y ministros no sólo enfrentan una elevada expectativa social para revertir leyes inconstitucionales que vulneran al INE, también deberán trabajar con intensidad para resolver en definitiva estos asuntos antes de junio y rescatar la operatividad del árbitro electoral hacia el proceso de 2024.
Son la última línea de defensa para preservar las condiciones que propiciaron la llegada al poder de quienes ahora intentan destruir la plataforma institucional que les reconoció su legítimo triunfo en 2018. Así de irónica es la coyuntura más delicada en este primer semestre del año, previo a la recta final de un gobierno que pretende colapsar la democracia.
La expresión social del 26 de febrero será un clamor dirigido a la Suprema Corte para que se mantenga firme en la defensa del orden constitucional y si acaso para advertir a las voluntades frágiles dentro de su pleno, que los jueces también serán juzgados en la instancia de una ciudadanía que no está dispuesta a doblegarse ante los caudillos mesiánicos.
Ha llegado la hora de la Corte y la necesidad de esos ocho votos que calificarán su actuación ante la historia.
Edictos
Este jueves inicia su periodo como presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Víctor Oléa Peláez, reconocido litigante que llevará durante dos años las riendas del colegio de abogados más importante y prestigiado en nuestro país. Hoy como nunca la vulnerabilidad del Estado de derecho y el desprecio por la legalidad hacen necesaria la presencia de una barra protagonista que se posicione como la verdadera conciencia jurídica. Enhorabuena por Víctor Oléa y los barristas, entre quienes se destacan los mejores abogados de México.
