En esta entrega de Nuestro Dinero, Mexicanos Contra la corrupción y la Impunidad analizó las compras y contratos que realizó el Gobierno Federal entre julio y septiembre de 2022. Con un enfoque en la baja competencia de las instituciones del gobierno federal así como un par de casos que ejemplifican las puertas abiertas a un mal uso de nuestro dinero. A continuación, las irregularidades que encontraron en los contratos del gobierno durante el tercer trimestre de 2022.
Algunos de los resultados más importantes son:
- Con corte al 30 de septiembre de 2022, la tendencia en el número de contratos por tipo de procedimiento de contratación se ha mantenido, en tanto que 8 de cada 10 contratos son por adjudicación directa y 1 de cada 10 por licitación pública. Esta tendencia es semejante a la de sexenios previos.
- 48 de cada 100 pesos se han gastado por licitación pública mientras que 37 pesos de cada 100 son mediante procedimientos de excepción. Adicionalmente, 15 de cada 100 se gastan por otros tipos de contratación, lo que incluye contratos entre entes públicos, contrataciones con créditos externos y procedimientos no clasificados.
- 160 dependencias y entidades han asignado más del 50% de sus contratos mediante procedimientos de excepción en 2022.
- En este trimestre tres instituciones tuvieron más de 95% de su gasto en contratos con poca o nula competencia: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con 99%, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con 98% y Diconsa con 94%. Estas fueron las instituciones de la administración pública que más gastaron en contratos vía adjudicación directa e invitación restringida.
- El contrato de mayor monto para el tercer trimestre (12,417 mil millones de pesos) lo dio Banobras a Mota-Engil, una empresa con irregularidades en sobrecostos y retrasos en compras de años anteriores documentadas en distintas auditorías. Esta misma empresa también ha recibido contratos relacionados con el Tren Maya.
- La empresa Ingeniería para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V., socia de una empresa inhabilitada previamente, ha recibido más de 40 millones en contratos este año con el sector salud. Sus contratos fueron con el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga», el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
