Veamos, primero, los hechos.
Uno. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, publica su Informe y, con base en las nuevas evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR) solicita 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas de miembros de las Fuerzas Armadas.
Dos. Días después, la FGR cancela 21 de estas órdenes, 16 correspondientes a militares que habían sido acusados de delincuencia organizada, incluyendo al coronel Rafael Hernández Nieto, quien se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años.
Tres. Extrañamente, los fiscales de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que venían investigando seriamente el caso durante este sexenio, no son los que solicitan y luego cancelan estas órdenes de aprehensión. A dicha Unidad ni siquiera le avisan de estas decisiones.
Cuatro. Días después, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, presenta su renuncia. El presidente López Obrador confirma la dimisión y acepta: “Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”.
Cinco. Nuestro colega Jorge Fernández Menéndez entrevista al general brigadier José Rodríguez Pérez, preso en el Campo Militar Uno por delincuencia organizada a raíz del Informe de la Comisión presidida por Encinas. El inculpado afirma que la única prueba que existe en contra de los militares presuntamente involucrados en el asesinato y desaparición de los estudiantes son las declaraciones del líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. Se dice inocente y califica como una vileza y cobardía las acusaciones que le han hecho a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad.
¿Qué nos dice la suma de estos cinco puntos?
Que existe un enfrentamiento dentro del gobierno de López Obrador.
Por un lado, está la Comisión de la Verdad de Encinas cuyo valor ha sido demostrar la participación activa del Ejército en el asesinato y desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por el otro, el Ejército tratando de negar esta versión con el fin de minimizar el impacto mediático que podría tener en la opinión pública.
En medio se encontraría la FGR que ha jugado un papel patético. Apoya a la Comisión con órdenes de aprehensión al personal militar, y luego retira la gran mayoría de ellas. Y en toda esta faena deja afuera nada menos que a su fiscal especial, quien termina renunciando.
A la cabeza de este batidillo se encuentra el presidente López Obrador.
Por un lado, tiene que cumplir su promesa de resolver el caso de Ayotzinapa, demostrando que su gobierno es diferente al pasado, aunque esto involucre a altos mandos de la Fuerzas Armadas. Por el otro, el mandatario tiene una alianza estratégica con soldados y marinos. Como nunca, los militares se encuentran involucrados en todo tipo de labores del gobierno federal. Ejército y Marina son los dos grandes pilares de López Obrador. Y, naturalmente, el presidente no quiere hacer enojar a sus aliados.
López Obrador está tratando de resolver este dilema en una arriesgada jugada para quedar bien con los dos bandos. Su narrativa es la de “las manzanas podridas”. No es que las Fuerzas Armadas hayan participado activamente en el asesinato y desaparición de los 43 de Ayotzinapa como institución (lo cual comprobaría que sí fue un “crimen de Estado”), sino que malos elementos de la corporación, corrompidos por el crimen organizado, habrían participado en la comisión de estos delitos. Luego entonces, es necesario castigar a las “manzanas podridas” para dejar limpiecitas las instituciones castrenses que son sus aliadas estratégicas.
Igual le funciona al Presidente esta estrategia, igual y no. Como puede quedar bien con las dos partes, también puede quedar mal. Por un lado, se vería como un mandatario al que doblaron las Fuerzas Armadas y, por el otro, como el comandante en jefe que no cerró filas con sus subordinados y desprotegió al Ejército y Marina a la hora de los guamazos.
Si tuviera que apostar quién ganará en este enfrentamiento dentro del gobierno, lo haría por el Ejército. Por una razón fundamental: tienen más poder, hoy más que nunca. El Presidente les abrió la puerta de par en par a los militares y ya se metieron hasta la cocina del gobierno civil. No veo al Presidente arriesgando la buena relación que tiene con ellos a cambio del espinoso asunto de Ayotzinapa. Como en su momento hizo Peña Nieto, López Obrador acabará protegiendo a las Fuerzas Armadas. Eso creo. A ver qué pasa.
Twitter: @leozuckermann
