La reciente propuesta de reforma de la ley electoral presentada al Congreso de la Unión no es un ejercicio asilado, ya que deviene de una larga trayectoria reformista del continuo proceso de cambio que ha buscado una mayor apertura democrática a través del afianzamiento del pluralismo político.
Desde 1977, las reformas al marco legislativo electoral han sido estudiadas por un gran número de académicos, quienes han destacado un proceso de transición de la hegemonía política de un partido oficial, hacia un pluralismo y la alternancia como ruta hacia la democracia.
Análisis como el de Luis Carlos Ugalde (2020), destacan el redireccionamiento de lo objetivos detrás de la evolución de las reformas electorales en nuestro país, destacando: el de la inclusión con la expansión del número de curules en ambas cámaras con las designaciones de representación plurinominal para los partidos pequeños, la redistritación electoral y el aumento del número de casillas, en las reformas de 1977, 1986 y 1990; el de la certeza y transparencia con la profesionalización del organismo electoral y el otorgamiento de las prerrogativas a los partidos políticos, en los cambios de 1990, 1993 y 1994; el de la equidad a través de los candados para la intervención gubernamental para generar un piso parejo para los partidos políticos, en el empleo de los recursos públicos, topes a los gastos de campaña y el uso de los medios de comunicación por los partidos políticos en las transformaciones de 1993, 1996 y 2007; el de la imparcialidad de la autoridad a través de la eliminación del voto de los partidos políticos dentro del consejo electoral y el nombramiento de consejeros ciudadanos, en las innovaciones de 1994 y 1996; y el de la legalidad con el desarrollo del sistema de justicia electoral y la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en las adecuaciones de 1986, 1996 y 2014.
La propuesta de reforma al sistema electoral presentada en días pasados al congreso, abren la puerta a una interpretación distante del proceso evolutivo que han observado las reformas anteriores, toda vez que postula cambios que van en el sentido opuesto a lo que en algún momento ha sido considerado avances hacia la democratización del país.
Entre los cambios de la propuesta de reforma, destacan:
- La eliminación del INE para la Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas integrado por 30 consejeros, donde el Ejecutivo Federal propondría a 10 consejeros, el Poder Legislativo a otros 10 y el Poder Judicial a los 10 restantes.
- La eliminación del Tribunal Electoral de la Federación para integrarse como una sala más del sistema de justicia.
- La desaparición de los organismos y tribunales electorales estatales para la centralización de la organización de todas las elecciones en el país.
- La reducción del número de integrantes del senado y del congreso, 32 senadores y 200 diputados federales, respectivamente.
- La reducción del número de diputados locales en cada entidad a partir del cambio en las cuotas de representación por población.
- La eliminación del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, para solo darles dinero en época electoral.
- El incremento en los tiempos de radio y televisión para la promisión de los partidos políticos y su oferta en materia electoral
- El uso de tecnologías de información para la emisión del voto.
- Modificar la veda electoral para que el gobierno pueda emitir información sobre sus programas y acciones de gobierno, restringiendo solo aquella pagada con recursos del gobierno.
Ante estas propuestas, cómo interpretar dichos cambios dentro de la lógica de los escenarios actuales.
¿Y usted, qué piensa?
