Luego de dar el enorme salto de un gobierno imperialista a uno parcialmente democrático (república), la Constitución mexicana publicada el 4 de octubre de 1824 establecía el deber del presidente de la Federación de pronunciar un discurso durante la reunión anual del Congreso general, cada 1º de enero. Fue en la Constitución de 1857 en la cual se establecería la obligatoriedad del presidente por informar sobre el estado que guarda el país. En 1917, se impuso la responsabilidad de entregar un informe por escrito, siendo Venustiano Carranza en primero en acudir cada 1º de septiembre.

A partir de aquel momento, inició la tradición. La regla no escrita de celebrar los grandes “logros” del presidente el 1º de septiembre, año tras año. Fanfarrias, confeti tricolor, la escolta de los cadetes del Heroico Colegio Militar y un larguísimo discurso del mandatario en turno. Nadie interrumpía ni cuestionaba al presidente de México. Fue hasta el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), cuando algunos legisladores espetaron al colimense; entre ellos, se puede identificar a un joven Vicente Fox Quesada utilizando dos boletas electorales para simular unas orejas de burro.

Pero, como diría el actor Alejandro Ciangherotti en la película “Los tres huastecos” (1948): Las vueltas que da la vida. Unos sexenios más tarde, Vicente Fox sería el primer presidente de la alternancia y el último que entregara un informe de gobierno en el Palacio de San Lázaro. Pues, como usted recordará, los diputados federales que simpatizaban con Andrés Manuel López Obrador (quien en aquel tiempo era el candidato presidencial perdedor), habían tomado la tribuna del Congreso e impidieron a Fox ingresar al recinto para pronunciar su discurso. Así se le dio fin al “Día del presidente”.

Desde su primer momento como presidente, Andrés Manuel se empecinó en hacer un gobierno distinto en las formas, aunque en el fondo fuera igual. Una de las novedades impulsadas fue la revocación de mandato. De tal forma que, en 2019, se reformaron los artículos 35 y 36 de la Constitución; luego, en septiembre de 2021, se promulgó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Finalmente, el domingo 9 de abril pasado se llevó a cabo dicho ejercicio, logrando la participación de 15 de 92 millones de mexicanos.

Los resultados de la revocación de mandato coinciden con el porcentaje de popularidad que actualmente tiene el presidente. Situación que, sin duda alguna, disgusta al tabasqueño, máxime cuando comparamos los resultados de la elección de 2018, cuando ganó con 30 millones de votos, y los 15 millones de sufragios a favor de su permanencia en el poder en 2022. La simpatía lopezobradorista prácticamente llegó a la mitad. Ejemplo de ello, es que, si lo comparamos con 2018, el apoyo hacia AMLO se redujo el 61.23% en Baja California.

Es un hecho que nuestra democracia es perfectible. La propia revocación de mandato es una prueba de ello. Es un instrumento que, en el futuro, posiblemente ofrezca buenos resultados. Sin embargo, ni la ocasión ni las circunstancias ameritaban un excesivo gasto de más de mil millones de pesos. Andrés Manuel quiso hacer de la revocación de mandato un nuevo “Día del presidente”, aunque, para su infortuna, no lo dispuso así la gente.

Post scriptum“No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría”, Jean Cocteau.

* El autor es doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

CONTACTO:

www.facebook.com/FRuizMX/

No hay comentarios

Agregar comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, Tijuanotas se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de Tijuanotas, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.