Las instituciones de gobierno en México fueron menos transparentes en 2021 respecto del 2019, según la tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Mientras que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el Índice de Gobierno Abierto (IGA) fue de 0.52; en 2021, el tercer año de su administración, esta medición cayó a 0.48, lo que implica que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel federal como local, son menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la participación ciudadana.
Esta caída, de acuerdo con el estudio, se debe tanto a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos como a factores coyunturales, como el hecho de que los datos utilizados corresponden a un año de elecciones, al que además se sumaron los efectos de la pandemia de Covid-19 en la administración pública.
La Métrica de Gobierno Abierto es, según la definición de sus creadores, “un ejercicio de medición de los alcances de la transparencia y la participación en las oficinas públicas del país, desde una óptica ciudadana”. Esto quiere decir que no se revisan los avances regulatorios o las políticas públicas en la materia, sino que se recurre a la experiencia de la ciudadanía a la hora de hacer solicitudes de información o buscar información del gobierno en internet.
El estudio no sólo mide las solicitudes de información a las que los sujetos obligados dan respuesta —la gran mayoría de las instituciones gubernamentales cumple con esta función—, sino que analiza, entre otras cosas, el tiempo que estas tardan en dar respuesta; además de que mide la entrega proactiva de información, cuando las entidades ofrecen información sobre sus actividades sin que nadie se las solicite.
Para esta edición de la Métrica, los investigadores del CIDE analizaron 1,365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno (49 federales, 870 estatales y 446 municipales). Además, revisaron de forma manual 2,872 solicitudes de acceso a la información y más de 373,000 de manera automatizada. También se realizaron “2,730 búsquedas individuales en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Google, así como 615 consultas en los buscadores de los sitios web de los sujetos obligados y en 13 portales locales de datos abiertos”.
Respuestas y retrasos
El índice de gobierno abierto considera dos componentes de la apertura gubernamental: la transparencia y la participación. Ambas dimensiones cayeron entre 2019 y 2021, de acuerdo con el análisis del CIDE. “Esto es señal de que ciertos elementos del arreglo institucional en materia de transparencia y acceso a la información han alcanzado resultados que son sostenibles en el tiempo, pero que otros fueron afectados en esta medición”, se apunta en el estudio.
Aunque las dependencias gubernamentales registran una alta puntuación en el componente de acceso a la información, pues la mayoría de las solicitudes reciben respuesta dentro del plazo fijado por la legislación. No obstante, las personas suelen tener que esperar demasiado tiempo para recibir una respuesta y hay quienes deben esperar un año, algo que se sale por mucho del plazo legal.
Además de que deben responder a las solicitudes de información que se les hacen, las dependencias gubernamentales tienen diversas obligaciones de transparencia que deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sólo 5.3% de todos los sujetos obligados cumplieron a cabalidad con estas obligaciones, de acuerdo con el estudio.
Guanajuato y Guerrero
Al profundizar en los resultados de la Métrica por estado de la República y tipo de sujeto obligado, los investigadores encontraron que Guanajuato es la entidad más transparente, tanto en la dimensión de transparencia como en la de participación. Además, se trata de la única entidad que supera al orden federal en su puntuación; mientras que en el otro extremo se ubica Guerrero, que si bien es la peor entidad del país en lo que a participación ciudadana se refiere, supera por muy poco a Chiapas y a Oaxaca en términos de transparencia.
En lo que respecta a la clasificación por tipo de sujeto obligado, los organismos autónomos, las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como las entidades descentralizadas son las que registraron una métrica por encima de la nacional, lo mismo que las universidades. Los municipios, los fideicomisos, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones menos transparentes en todo el país.
