Por la amplia experiencia en materia de seguridad que le ha valido ser considerado por gobiernos estatales y locales, podría volver a sonar el nombre de Alberto Capella en Baja California y ser considerado para la Fiscalía General del Estado (FGE).
Medios de la región han comenzado a escudriñar posibles perfiles que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, considere enviar al Congreso local para el nombramiento del próximo fiscal en el plazo de los 20 días que tiene para hacerlo.
Cabe recordar que Alberto Capella originario de Tijuana inició precisamente su carrera en esta ciudad en organismos de participación ciudadana y prevención, posteriormente fue en dos ocasiones secretario de seguridad, primero en la administración del exalcalde Jorge Ramos Hernández y después en la de Carlos Bustamante Anchondo.
Incluso fue el mismo exalcalde Carlos Bustamante Anchondo (2010-2013) en ese entonces quien defendió la designación de Capella, asegurando que se le debían los niveles de seguridad recobrados luego de la ola de violencia que azotó a Tijuana entre el 2008 y 2010.
De acuerdo con los resultados en la política de seguridad entre el 2011 y 2013, Tijuana mantuvo una incidencia de homicidios por debajo de los 500, uno de los periodos más bajos, incluso en 2016 durante su trayectoria en Morelos logró disminuir los secuestros en un 73% respecto al año 2013, ocupando el estado el primer lugar nacional por cada 100 mil habitantes.
En Quintana Roo siendo secretario de seguridad conforme a los datos de la incidencia delictiva general; de enero/octubre de 2020 disminuyeron un 15% con respecto al mismo periodo del año 2019.
En entrevistas que ha brindado Alberto Capella respecto a los resultados como secretario de seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, se lo ha atribuido a políticas públicas exitosas que tienen que ver con la profesionalización de los elementos, designación de mandos operativos con experiencia, exámenes de control y confianza aprobados.
Dignificación de la función policial, programas de prevención en temas de adicciones y trabajos con los jóvenes, equipamiento y tecnología, involucramiento de la sociedad y sector empresarial en el diseño y evaluación de programas, pero principalmente a la voluntad política.
