En este tercer artículo sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que envió el Presidente al Congreso voy a tratar el tema que más me preocupa de ella: la violación a los derechos de propiedad que sienta un terrible precedente en un país con una economía capitalista de mercado.
El gobierno está proponiendo un artículo transitorio en la Constitución que, de aprobarse, cancelaría “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado”. De un plumazo modificarían las reglas del juego para los inversionistas que gastaron miles de millones de dólares en mecanismos para generar electricidad.
Gente que creyó en la apertura del sector energético y arriesgó su capital. Unos invirtieron millones de dólares en plantas sofisticadas, otros miles de pesos en paneles solares. De prosperar esta iniciativa, no recuperarán su capital. Tendrán que tragarse el costo de haber confiado en un país que prometía respetar los derechos de propiedad en el sector eléctrico.
Si hoy este gobierno puede cancelar permisos y contratos de electricidad, mañana puede hacerlo en otros sectores que ellos consideren estratégicos. Se abre la posibilidad de revocar concesiones de medios, mineras y empresas de telecomunicación. Y, por qué no, suspender las licencias de operación escuelas y hospitales privados, por ejemplo.
¿Exagero? Posiblemente, pero más vale hacerlo para llamar la atención del terrible precedente que se estaría estableciendo de prosperar esta reforma. El mensaje es claro: “los gobiernos mexicanos cambian las reglas a su antojo por lo que el riesgo de invertir en ese país es alto; luego entonces, la utilidad debe ser mayor que en otras economías donde sí respetan los derechos de propiedad”.
¿De verdad queremos eso?
Somos un país que está en pleno proceso de integración con la economía más capitalista del mundo y, de repente, promovemos una reforma constitucional que viola los derechos de propiedad existentes. Es de locos. Perdón, pero no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. O somos una economía de mercado donde el Estado respeta los contratos o nos pasamos al club de naciones donde los gobiernos pueden pisotearlos de acuerdo a la conveniencia de sus intereses políticos.
La cancelación de los permisos y contratos de electricidad contraviene el derecho constitucional a la no retroactividad. Pero, como el transitorio en cuestión estaría en la Constitución, dicen algunos abogados que no se puede declarar algo como “inconstitucional” si esto se encuentra también en la Constitución.
Además, no queda claro si se puede prosperar una acción judicial por medio de los tratados internacionales de comercio porque, de acuerdo a la jerarquía de las leyes en México, la Constitución está por arriba de los tratados. En teoría, prevalecería el artículo transitorio por estar en la máxima ley, la Carta Magna.
El Consejo Coordinador Empresarial afirma que esto se trataría de una “expropiación de facto”. Difiero. Es peor. La Constitución permite las expropiaciones mediante indemnización. Con la cancelación de los permisos y contratos no habría una reparación económica por el acto. El Estado no tendría que pagar ni un quinto al cancelar permisos y contratos. Dejarían chiflando en la loma a todos los inversionistas que arriesgaron su capital. Eso, en buen español, se trata de una confiscación.
Todavía en el primer semestre del año, antes de las elecciones, López Obrador prometía que su gobierno respetaría los contratos firmados en el pasado. Ahora, después de los comicios, nos enseñó sus verdaderas intenciones.
Hay quienes piensan que integraron este artículo transitorio para negociar con la oposición y luego quitarlo. Que los priistas que apoyen la reforma puedan ponerse la medalla de que ellos echaron para atrás esta barbaridad. Puede ser. Pero la sola presencia de un artículo de esta índole debería escandalizar a todos los que creen en la economía de mercado, en especial los que más tienen que perder: los empresarios.
Douglass North ganó el Premio Nobel demostrando que las economías exitosas son las que tienen sólidos derechos de propiedad. En cambio, los países donde estos derechos dependen de los caprichos políticos acaban desarrollándose menos. Bueno, pues eso. Si de por sí este sexenio ya estaba perdido en materia económica, ahora el panorama se pone peor con esta iniciativa de reforma. Pero, claro, en Palacio Nacional no creen en las teorías de “científicos neoliberales” de universidades extranjeras. Así que tranquilos que aquí no pasa nada. “Hasta que pasa”, como decía Cantinflas
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