Durante la última semana en México se han dado cambios, y medidas un tanto contradictorias en materia energética. Por un lado, se presentó una propuesta de reforma energética donde se establece una cierta exclusividad a la nación sobre este importante recurso, destinando un 54% de la demanda energética a la CFE, quien no tiene la capacidad de producción, y en buena medida utiliza fuentes fósiles. Asimismo, se propone eliminar a las entidades reguladoras que ayudan a mejorar la competencia económica del sector.
Esta reforma sin duda marca un retroceso importante para el logro de México sobre los acuerdos de Paris en términos de reducción de emisiones de CO2. No obstante, a los huecos legales sobre la regulación misma, la creación del monopolio (restringiendo la libre competencia), la restricción en el uso de energías renovables tales como solar o eólica, y la falta de capacidades técnicas que hoy mismo ya presenta la CFE produciendo numerosos apagones.
Nos quedan muchas preguntas por resolver sobre esta propuesta de Reforma. Por ejemplo, ¿Cómo se elige y soporta un porcentaje de 54% de participación para CFE en generación eléctrica?, ¿Cómo garantizan qué más de la mitad de la energía eléctrica demandada en el país cumpla con la calidad, precio y limpieza del abasto eléctrico? ¿Cómo la misma compañía qué será la proveedora de más de la mitad del servicio eléctrico del país velará auténticamente por los intereses del consumidor en precio y calidad?
Por otro lado, existen compromisos importantes en términos de cambio climático. Por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) se ha marcado como objetivo la reducción de 8.7% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. En su plan 2021-2024 se establece que “la descarbonización de la economía mexicana definirá la trayectoria del país a corto, y mediano plazo, acelerando la transición energética con inclusión social, la co-creación de capacidades, y la resiliencia de las comunidades más vulnerables.”
El PECC, con una duración de 4 años marca las prioridades, las estrategias y las líneas de acción de México, así como las metas puntuales para atender la crisis climática mundial, bajo los siguientes puntos:
- Incentivar el monto de financiamiento del sector bancario a inversión en generación de energía limpia;
- Fortalecer los esquemas de pago por servicios ambientales e impulsar el financiamiento de acciones climáticas a través de proyectos desarrollados por actores sociales.
- Identificar, impulsar y orientar tanto el financiamiento como la cooperación internacional para el cambio climático en el sector ambiental federal
- Gestionar integralmente los riesgos y coordinación entre gobiernos estatales y municipales por fenómenos naturales perturbadores.
Hasta el momento, podemos ver claramente huecos y contradicciones entre la propuesta de Reforma Energética, y los compromisos públicos adquiridos, los cuales sin una estructura sólida se transformarán en buenas promesas de campañas, discursos políticos y sobre todo en un gran retroceso en la participación de México para contrarrestar los efectos del cambio climático a nivel mundial.
Otro factor de gran relevancia en esta controversia son los recursos, según marca el Anexo 16 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF) se reportó que la cantidad asignada a la mitigación y adaptación al cambio climático, es 8.7% menor al designado en 2021.
De los recursos designados al cambio climático, el 72% del dinero se asignará a la CFE. La meta según la SHCP, es «promover las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica». Bajo el contexto de una Reforma energética que pretende fortalecer desmedidamente a la institución, podría tornarse en un tema delicado sin haber limpiado estructuralmente el plan con los objetivos.
Con esto, no satanizo la nacionalización de los recursos, sin embargo, los invito a reflexionar sobre la importancia de establecer programas estructurales que coadyuven al objetivo mundial común que es frenar el impacto que está dejando el cambio climático en nuestro planeta.
Definir estrategias y objetivos claros puede resultar relativamente sencillo, pero generar las bases legales y constitucionales que sustenten la operatividad de esos objetivos es lo que otorga pies y forma a las acciones. Por lo mismo, es fundamental seguir de cerca las conversaciones en materia energética que se estarán llevando a cabo en las siguientes semanas, y exigir a nuestros legisladores se tomen las decisiones adecuadas que permitan continuar nuestro camino hacia los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de Paris.
