En Valle Redondo existe una concentración de 11 mil millones de litros de gas LP y en caso de una explosión, debido a la invasión de la zona de amortiguamiento por parte de 60 familias, el domingo pasado, 80 mil personas “resultarían calcinadas”, advirtió el abogado Esteban Capella Ibarra, asesor legal de la empresa afectada por la ocupación ilegal.
No obstante, afirmó que las autoridades de Protección Civil ordenarán el desalojo y evacuación del lugar hasta finales de la semana próxima, luego de los trámites que deben correrse previamente. Mientras tanto, el riesgo está latente.
Capella Ibarra se reunió este viernes con autoridades de Protección Civil encabezadas por Mayté Navarro, secretaria técnica de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Marco Antonio Sánchez Navarro, director de Protección Civil Municipal y César Fabián, jefe del departamento jurídico de la dependencia municipal a quienes presentó la fundamentación legal para proceder al desalojo de los invasores, pero la resolución fue desesperante.
Las autoridades de Protección Civil dijeron no estar enteradas oficialmente de la invasión y anunciaron que emitirán un dictamen y sugerirán el inminente desalojo y evacuación, pero para ello será necesaria la solicitud correspondiente y el jueves o viernes próximos estarían emitiendo una opinión técnica.
Mientras tanto, el abogado Esteban Capella Ibarra afirmó que en Valle Redondo existe una concentración de 11 mil millones de litros de gas LP de las diversas empresas que cuentan con instalaciones en esa zona, entre otras Zeta Gas, Silza y Kino Gas, esta última, afectada por la invasión de sus predios el domingo pasado.
Agregó que de acuerdo al Atlas de Riesgos del Estado, al año 2018, en Valle Redondo existe toda una red de gasoductos e instalaciones de almacenaje perfectamente delimitadas y señalizadas en un área suburbana donde a esa fecha convivían 80 mil 612 personas entre residentes, trabajadores automovilistas y personas que por diversas cuestiones transitan por el lugar, pues el sitio está aledaño a la carretera libre a Tecate y caminos vecinales, por lo que serían los afectados en caso de una conflagración.
De acuerdo a la fundamentación legal presentada por el abogado, el Artículo 9. Párrafo I de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California faculta a la autoridad a actuar con base en los principios de prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas, a fin de vigilar que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que se incurran por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades (Artículo 10).
Asimismo ordenar la evacuación o desalojo temporal en propiedad privada de menores de edad, personas con discapacidad o personas vulnerables y, en su totalidad en establecimientos públicos (Artículo 28). Sin embargo esto tardará una semana y, mientras tanto, el riesgo está latente cuando los invasores ya anunciaron que se conectarán a las instalaciones de gas por cuenta propia, para obtener combustible gratis.
