Debido a que los juzgados se encuentran saturados, el proceso jurídico para la adjudicación de viviendas en abandono y ponerlas nuevamente en el mercado, llega a tardar de 6 meses hasta 3 años, una solución plausible expresó el consejero vitalicio del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California A.C (CEPIBC), Eduardo Castro Mora pudiera ser crear una sala especializada.
En la cual se lleve el trámite y desahogo de la garantía hipotecaria, notifique, remate y resuelva el tema de invasión de existir, actualmente en Baja California se estima que hay entre 50 mil y 80 mil casas abandonadas que pudieran ser recuperadas por las financieras.
El gobierno en sus tres niveles podría a través de sus dependencias y paraestatales adquirir estas viviendas o convenir con las financieras para que se ofrezcan a un costo menor, estimulando la certidumbre jurídica a través de la escrituración y colaborar con intermediarios como los profesionales inmobiliarios para incluirlas en su inventario.
Cabe mencionar que son miles de casas abandonadas y quizá cientos de miles de personas buscando vivienda de interés social o bajo costo, por lo que el tamaño del problema y demanda amerita que haya soluciones creativas que atiendan realmente esta situación, enfatizó.
Eduardo Castro Mora indicó que los programas de recuperación de vivienda deben atacar la causa raíz e incluir necesariamente la regeneración del tejido social en las localidades, el año pasado el Fideicomiso Para el Desarrollo Urbano en Mexicali emprendió uno y de acuerdo a los resultados que arroje, pudiera mejorarse y replicarse a nivel estado.
El problema de la vivienda abandonada tiene más de una década, resultado de política pública que subsidió este tipo de casa habitación en la periferia, pero ante la falta de servicios de salud, transporte, seguridad y centros de trabajo la gente las dejó, en el estado principalmente en Tijuana y Mexicali, actualmente varias de estas comunidades ya se encuentran en la mancha urbana, abundó.
Finalmente, agregó que la planeación e implementación de una sala especializada requiere estar integrada por un comité interdisciplinario y que en un primer momento, el diálogo debería estar encabezado por el colegio de abogados civiles, los recuperadores de vivienda, financieras y los profesionales inmobiliarios, posteriormente sumar al gobierno y legisladores.
