Las firmas multinacionales en México esperan que la anunciada reforma fiscal que presentaría pronto el Gobierno al Congreso sirva para incentivar la actividad económica y no la persecución tributaria de las compañías, afirmó el presidente de una asociación de empresas internacionales.
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda han dicho que la reforma estaría enfocada en una simplificación administrativa y expansión de la base tributaria para elevar la recaudación fiscal a 15% del Producto Bruto Interno (PBI), desde alrededor de un 14.2% actual.
Han dicho también que no se buscan aumentos en impuestos, pero sí cerrar huecos tributarios. La autoridad fiscal, el SAT, ha tomado medidas enérgicas contra la evasión para recuperar impuestos de grandes compañías y ha advertido que los evasores podrían enfrentar cargos criminales e incluso la cárcel.
“Lo que buscaríamos es que los cambios estuvieran encaminados a reactivar la actividad económica, que fuera una reforma que permitiera a las empresas invertir más”, dijo Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), a Reuters.
“Que fuera una reforma que no hostigara a las empresas por el lado del SAT, lo que llamamos hostigamiento fiscal, que no termine en una sobre regulación, que no ponga en riesgo la certeza jurídica”, añadió, a la vez que dijo que las firmas en la agrupación cumplen con sus obligaciones tributarias.
El CEEG aglutina a más de 50 compañías mundiales con presencia en México como Nestlé, General Motors y Bayer, además de petroleras como BP y Exxon Mobil. De la Fuente es a su vez el director general del brazo de Royal Dutch Shell en México.
Seguridad y estado de derecho
El directivo destacó la preocupación por la inseguridad, el combate a la corrupción y el cumplimiento del estado de derecho como motor para garantizar un clima adecuado para el crecimiento de las empresas en el país.
“Muchas de nuestras operaciones hoy sufren de bloqueos, sufren inseguridad y creo que ese es uno de los pilares en los que creemos que México tiene que seguir trabajando para atraer inversiones”, dijo De la Fuente.
“Y no tengamos empresas potencialmente invirtiendo en otro lugar que no sea México o decidiendo que a lo mejor se establecerán en otro lugar porque los costos de la inseguridad son muy altos o que la corrupción de plano es insostenible”, subrayó.
México vive desde hace más de una década, una ola de crímenes y desapariciones ligadas a las pugnas entre cárteles de la droga que buscan extender su dominio para controlar la siembra y tráfico de narcóticos y otros delitos como el contrabando de personas y el robo de combustibles.
Los niveles de violencia e inseguridad siguen creciendo y son cada vez más un foco de preocupación para inversionistas.
En su más reciente encuesta sobre expectativas económicas, especialistas consultados por el banco central consideraron que la gobernanza es uno de los factores más importantes que podría obstaculizar el crecimiento económico en el país y dentro de ese rubro identificaron a la inseguridad pública como el principal problema.
“Necesitamos seguridad, necesitamos estado de derecho, necesitamos combate frontal a la corrupción”, enfatizó De la Fuente.
