Una de las asignaturas que más disfruto impartir es Administración Pública, pues algo le sé, ya que he dedicado gran parte de mi vida al servicio público, ya sea como funcionario o como consultor. Y, siempre que comienzo un nuevo módulo, le aclaro a mis estudiantes que, más que una materia que hay que aprobar, es necesario comprender la utilidad que le podemos dar como ciudadanos.
Pero, ¿cuál es la función de la administración pública? El especialista en derecho administrativo, Jorge Fernández Ruiz, la describe como “el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado”.
Lo cual puede traducirse como la oportuna respuesta que deben brindar las autoridades administrativas (entiéndase gobierno federal, estatal y municipal), a las demandas ciudadanas. Para ello, no se necesita inventar el hilo negro, es suficiente con realmente escuchar y responder a las necesidades de la sociedad, ¡sin más!
Si teóricamente debiese ser sencillo de comprender, en la práctica debería de ser totalmente ejecutable. Y es que, como bien señalara el expresidente estadounidense Woodrow Wilson: “Debe existir una ciencia de la administración que se proponga enderezar el curso del gobierno, darle mayor flexibilidad a la tramitación de sus asuntos, fortalecer y purificar su organización, y dotar a sus tareas de un aire de respetabilidad”. Infortunadamente, en la realidad, esa meta aún se encuentra bastante distante, aún y cuando han transcurrido 134 años desde que lo publicó en su libro El estudio de la administración.
Desde la perspectiva material, la administración pública se produce en los tres órganos o poderes de gobierno, sin embargo, la responsabilidad mayor se le adjudica al Ejecutivo, por disposición constitucional. Así, el presidente, gobernador y presidente municipal tienen como principal responsabilidad administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que emanan de las aportaciones ciudadanas, más no por ello, debe consentirse que se asuman como los dueños del changarro.
Partiendo de la lógica de que lo “público” es aquello que, de manera directa o indirecta y, en mayor o menor medida, nos involucra y afecta a todos, surge la enorme responsabilidad de emitir nuestro voto de manera concienzuda y no por mero apasionamiento.
Sin embargo, también es necesaria la capacitación y actualización permanente. Insisto en que la profesionalización del quehacer público es una necesidad imperante. Por fortuna, existen organizaciones especializadas como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como administradores públicos y politólogos egresados de prestigiadas instituciones educativas que en mucho contribuyen, pero más contribuirían, si las labores técnicas del gobierno quedarán en sus manos.
Un ejemplo de ello es la transparencia, la cual aspira a cumplirse a través de mecanismos confusos y nada amigables, cuando (supuestamente) la intención es que se obtenga la información clara y ágilmente. Por ello, considero que, además de mejorar los procesos de rendición de cuentas, bien cabría la posibilidad de crear un Instituto de Evaluación Gubernamental que se encuentre integrado en su totalidad por ciudadanos especializados, con el objeto de dar puntual seguimiento a las acciones públicas y evaluar, mediante indicadores precisos, a los gobernantes en turno.
Post scriptum: “Los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales, ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia”, José López Portillo.
* El autor es doctorando en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública.
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