Ing. Jaime Bonilla Valdéz Gobernador de Baja California
Dr. Alonso Pérez Rico Secretario de Salud en BC
A la Opinión Pública
Postura de los agremiados de la Fundación Loto Rojo AC respecto a la iniciativa de Ley que el gobierno de Baja California enviará al Congreso Local para la venta, uso lúdico y medicinal de productos a base de cannabis.
Con indignación nos enteramos sobre la iniciativa de una nueva Ley para el uso medicinal o uso personal para cualquier fin lícito del cannabis para el estado de Baja California, en donde se destaca los tres tipos de impuestos que se obtendrían como un beneficio para el estado.
Para empezar esta iniciativa de Ley es inconstitucional, pues viola cualquier proceso federal en la materia e impone impuestos estatales a tratamientos médicos.
Hace once meses, desde el 13 de julio de 2020, 30 pacientes fuimos beneficiados por la justicia federal (juicio 733/2019) al concedernos un amparo, donde obliga a la Secretaría de Salud del estado de Baja California acate una orden y resuelva proveer, registrar, y permitir el uso de transporte de tratamiento médico a base de cannabis, lo cual nunca se ha llevado a cabo.
El gobierno federal le ordenó a la autoridad estatal acatar la orden y le asignó recursos al gobierno del estado con una partida de 2 mil 650 millones de pesos, de esta cantidad le solicita apartar lo necesario para poder cumplir la orden judicial a los 30 pacientes de Baja California, situación que no ha ocurrido.
El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico niega haber recibido la orden judicial y niega haber recibido el recurso federal mencionado y emite una respuesta por escrito donde explica que se encuentra incapacitado para acatar la orden judicial por no contar con el presupuesto, y explica que los tratamientos médicos a base de cannabis no se encuentran en el catálogo de medicamentos en el país.
A lo que el gobierno federal envía constancia y desmiente al Dr. Alonso Pérez Rico, al exhibir un documento donde consta la cantidad económica enviada a Baja California para el rubro de salud, así como informar los procedimientos para la importación de estos y que no es un impedimento que no se encuentren en el catálogo de medicamentos aprobados en México, por lo que en el mes de abril la Fundación Loto Rojo hace pública la información a través de una conferencia de prensa, en donde estuvo presente el Ing. Victor Rocha, el abogado Emmanuel Farías Camarero y la madre de Arantza OA, paciente menor de edad que está diagnosticada con epilepsia severa generalizada.
Los pacientes de la Fundación Loto Rojo AC cuestionamos a la autoridad estatal lo siguiente:
Si ya se dieron cuenta de las bondades médicas de la planta, ¿porqué en once meses no han acatado la orden judicial?.
¿Porqué ponderan la parte recaudatoria con los tres tipos de impuestos mencionados por encima de la salud?
¿Dónde está el recurso económico que envió la administración federal para el tema de salud?.
¿Qué empresas serán los proveedores para la venta de uso recreativo, si el reglamento a nivel federal aún no ha sido delineado?
Y la pregunta más importante para nosotros los pacientes, ¿Cuándo acatará la orden judicial la Secretaría de Salud en beneficio de los 30 quejosos que ya obtuvimos un amparo?.
Hacemos pública esta postura en cara a las posibles persecuciones de que seamos objeto por el ejecutivo estatal, en una clara violación a nuestro Derecho a la Salud.
