Informe “Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México”.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de la Unidad de Política Migratoria, el número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México tuvo un crecimiento de 5,348% en apenas seis años, de 1,296 en 2013 a 70,609 en 2019. En 2020 el número se redujo, a causa del cierre de algunas fronteras debido a la pandemia; sin embargo, puede observarse un aumento en las solicitudes por personas principalmente de Centroamérica, con especial mención Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque también se han sumado personas de Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela y de otros países de África y Asia.
En este sentido, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) realizaron el estudio “Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México”, con el objetivo de conocer puntualmente, a través del proyecto, los perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas solicitantes de la condición de refugio y beneficiarias de protección complementaria en México.
La investigación fue realizada en 11 ciudades del país entre septiembre de 2019 y enero de 2020, tomándose en cuenta 1,768 encuestas, 153 entrevistas, el análisis de datos, leyes y otras fuentes. Así como el estudio de los principales puntos de arribo de la población solicitante: Tapachula, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa, Tijuana, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes y San Luis Potosí.
El informe señala que la cuarta parte de los solicitantes (25%) entró a México durante 2018 o antes; el 40% durante el primer semestre de 2019, y el 35% durante la segunda mitad de ese año; y además, que el 40% son mujeres. La resolución de los casos, sin embargo, presenta un considerable rezago, pues durante 2018 el 73% de los casos continuaron pendientes de respuesta. Se identificó además, que en su mayoría se trata de una población adulto-joven, ya que dentro del total de encuestados, el 55% está en el rango de edad de 25 a 39 años, aunque por países, destaca la mayor proporción de población de 15 a 29 años dentro de los procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras (más del 40% en cada uno).
El informe también señala que en la mayoría de localidades de estudio se detectó que una debilidad de las organizaciones e instituciones es la falta de programas de acompañamiento para la integración laboral de las poblaciones de interés, y que una problemática es la difícil relación y vinculación de los actores que realizan acompañamiento jurídico a los solicitantes con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), particularmente en las localidades donde no se encuentra la COMAR para realizar dichos trámites. Así mismo, puntualiza en que el reconocimiento como refugiado en México es percibido como un logro para los encuestados, teniendo en cuenta los tiempos y las condiciones de espera para conseguirlo, además que les da certidumbre, confianza y más seguridad que siendo solicitantes. Sin embargo, tal condición jurídica no da por sentado que su integración sea positiva. El acceso a trabajo, vivienda, educación y otras oportunidades presentan limitantes en ciertas ciudades; a ello se suma la discriminación y más recientemente, los efectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19, que puede situarles en contextos de inserción más complejos.
El informe completo puede consultarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3oe6v2Y
