Las relaciones obrero patronales deben modificarse de acuerdo a las nuevas reglas comerciales de Norteamérica, sin embargo los beneficios en México serán a mediano plazo.
A casi dos meses de que se cumpla un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano aún enfrenta pendientes en el tema laboral para dar cumplimiento a los compromisos firmados en el acuerdo sustituto del TLCAN.
Entre los temas en donde la autoridad ha intentado hacer cambios destacan la democracia sindical, la libertad de asociación de los trabajadores para que decidan si forman parte de un sindicato y la justicia laboral.
Ya se aprobaron las reformas, ahora ¿qué sigue? Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, destaca que hay tres retos principales para el gobierno federal.
1. Subcontratación laboral: Es un tema que no se ha delimitado, incluso a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha definido. “Dado las variantes que en cada país se presentaba, las incompatibilidades de un país a otro, etc.”, explicó Pérez de Acha.
2. Servicios especializados u obras especializadas: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde, tendrá que definir las condiciones para la inscripción de las empresas especializadas subcontratistas “y que no haya sorpresas”, precisó el abogado.
También se tendrá que considerar a las prestadoras independientes de servicios o proveedores independientes de bienes, es decir, todas esas empresas que proporcionan servicios mercantiles no laborales, ni de poner a disposición trabajadores. En esa categoría están las armadoras de autos, las maquilas; una buena parte de desarrolladoras inmobiliarias, empresas transportistas.
3. Justicia laboral: la implementación de los Juzgados Laborales y del Instituto de Mediación laboral se tendrá que asumir con “delicadeza”. “Creo que podría tener efectos de rebotes significativos para México, en el ámbito del T-MEC. Lo han apuntado antes de la elección del 3 de noviembre (en EU) legisladores de ambos partidos”, recordó Pérez de Acha.
“En los siguientes años, seguramente habrá más modificaciones y habrá más ajustes a la forma en la que se establecen las relaciones obrero-patronales, tratando de cumplir lo comprometido en el T-MEC, sobre todo en los sectores en los que realmente son de interés. Mucho de lo que el T-MEC busca enmarcar en la parte laboral, está más vinculado a la parte de manufacturas de exportación”, dijo José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Impacto
Los cambios que han iniciado requerirán tiempo para dar frutos, el cual dependerá de diversos factores, como si los trabajadores quieren formar parte de un nuevo sindicato o iniciar el proceso para formar uno nuevo.
“Me parece que este proceso llevará entre 3 y 5 años para que se puedan ver algunos avances significativos”, señaló José Luis de la Cruz.
A raíz de los cambios en materia de democracia sindical, el año pasado la lideresa Susana Prieto, recordó Pérez de Acha, encabezó un intento por formar un sindicato en Matamoros, Tamaulipas.
En ese sentido, de acuerdo con la agencia Reuters, trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, que buscaban reemplazar al sindicato porque no luchaba por sus derechos, denunciaron represalias como haber sido despedidos.
“Sabemos que nosotros tenemos derechos. Sin embargo, el sindicato solo quiere cobrarnos. No nos apoya en nada”, declaró Edgar Salazar, entonces empleado de Tridonex.
Por su parte, Jesús Mendoza, líder del SITPME, dijo que su sindicato genera empleos y brinda beneficios a sus miembros mientras mantiene relaciones armoniosas con los empleadores.
“El estatus quo sindical tendrá sus resistencias a moverse a lo que se establece en el T-MEC y en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se tendrá que cambiar, podrá tomar un tiempo, pero se tendrá que cambia”, sseguró Pérez de Acha.
“La propuesta es para movernos hacia la libertad y democratización sindical, no para tener un efecto regresivo en este tema; que los sindicatos se conviertan no en un mecanismo de mero poder o enriquecimiento de los líderes, sino de fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Es un gran pendiente que se tiene hoy por hoy en los sindicatos, es su gran deuda. Ahí está la clave de esta reforma”, añadió.
En lo que respecta al a subcontratación, el impacto se verá este mismo año, pues el 1 de agosto entrarán los efectos en el ámbito fiscal, en el IVA e ISR. Hay que recordar que las deducciones y el acreditar ambos impuestos estarán condicionados a cumplir las condiciones de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo, señaló Luis Pérez de Acha.
Las nuevas reglas llevarán a las empresas a replantear la forma de contratar personal –vía outsourcing o de forma directa-, lo que se traducirá en una moderación en el ritmo de contratación para este año y el próximo.
“Las empresas van a tener que hacer una evaluación costo-beneficio bajo el nuevo marco legal. Probablemente tendrán que evaluar desde si es más conveniente pagar horas extras, contratar más personal, sustituirlo por nueva maquinaría”, puntualizó José Luis de la Cruz.
El año pasado, en la parte más álgida de la pandemia, México perdió más de un millón de empleos formales, de los cuales falta por recuperar más de medio millón de puestos.
El 1 de mayo, Día del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde defendió la reforma al outsourcing en una entrevista que dio a CGTN Noticias, asegurando que cada que se buscan mejoras para las condiciones laborales “siempre hay voces que dicen se van a perder empleos”.
Asimismo, celebró que ahora se ha avanzado en materia de democracia sindical, algo que se había dejado de lado en los últimos años.
En lo que respecta a la reforma en materia de justicia laboral, Pérez de Acha dijo que hay una gran interrogante en lo que se refiere a la parte presupuestal y funcional, así como en la velocidad de implementación en los diferentes niveles: federal y estatal. “El federal puede tener una velocidad y los estatales tienen otra velocidad y ya vamos retrasados”, sostuvo.
Al respecto, la secretaria Alcalde destacó el cambio a tribunales especializados y juicios orales cortos que apuestan por la conciliación, cuando antes un conflicto laboral podía tardar hasta 7 años en resolverse.
