Por razones de salud y fomento a los derechos humanos, el gobernador Jaime Bonilla decreta que el amplio inmueble será convertido en un parque público.
Bonilla, quien pretendía mantenerse en la gubernatura cinco años, lo cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), añade en el documento de expropiación que con esta “se optimizan los derechos humanos de protección a la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, así como al acceso a la cultura”.
Si bien el gobernador, como cualquier otro titular del Ejecutivo de las entidades federativas del país, tiene facultades para expropiar la propiedad privada, estas acciones deben estar plenamente justificadas constitucionalmente, por lo que los afectados pueden acudir al Juicio de Amparo para oponerse a esta medida.
Visos de autoritarismo
El decreto de expropiación, publicado este martes en el Periódico Oficial de Baja California, añade que “la propiedad privada no es absoluta, sino que esta puede ser expropiada, siempre que se cumplan (sic) con un objetivo de utilidad pública”.
Debido a que las instalaciones del Club Campestre de Tijuana “son idóneas para crear un área verde pública” y, sobre todo, porque a esas instalaciones “solo pueden acceder” los miembros de la asociación del mismo, el gobierno del estado decidió la expropiación.
Específicamente, Jaime Bonilla considera que el acceso de los socios al Club Campestre “representa un beneficio para un grupo muy pequeño de personas, excluyéndose a un grupo aun mayor de personas el goce del área verde que representa” la instalación.
Además, “el perjuicio a la propiedad privada del Club Campestre es menor al beneficio que ello genera a favor de la sociedad. Esto es, el grado de beneficio es mayor al grado de afectación”, se puede leer en el decreto.
El documento no establece el monto de la indemnización que por ley deben recibir los propietarios de cualquier inmueble expropiado, pero se calcula que esta podría ascender a más de 970 millones de pesos, según el semanario tijuanense Zeta.
El artículo 12 de la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California establece que la indemnización por el bien expropiado será el equivalente al valor comercial que fije la autoridad expropiante, aunque si se trata de bienes inmuebles, el precio no podrá ser inferior al valor fiscal que esté registrado en las oficinas catastrales de los municipios de esa entidad.
Ya hay un amparo
En enero de este año, Jaime Bonilla anunció que había instruido al secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, para que analizara la forma de recuperar los terrenos que ocupa en Tijuana el Club Campestre.
Ante esa advertencia, en marzo pasado, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Tijuana otorgó una suspensión provisional en un juicio de amparo promovido por el club. La audiencia incidental para que, en su caso, se otorgue la suspensión definitiva está programada para celebrarse a las nueve de la mañana del miércoles 14 de abril de esta semana.
En esta audiencia, en la que se determinará si se concede o no la suspensión definitiva, el apoderado legal del Club Campestre de Tijuana puede solicitar la ampliación de su demanda para incluir el decreto de expropiación en la misma.
En caso de que el centro recreativo sea beneficiario de la suspensión definitiva, sus instalaciones se mantendrán como hasta ahora, bajo propiedad privada, hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo.
Propiedad es un derecho humano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en general el Poder Judicial de la Federación, han establecido en la jurisprudencia que la propiedad privada es un derecho humano que puede afectarse por parte del Estado solo a través de las formas que el orden jurídico prevé, como lo es la expropiación.
Bajo esa perspectiva, para evitar afectaciones injustificadas a ese derecho se debe pagar una indemnización, además de que la medida debe estar claramente fundada y motivada en el artículo 27 de la Constitución mexicana, y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los precedentes jurisprudenciales señalan que la expropiación implica la afectación del derecho de propiedad, lo cual no puede ser arbitrario, pues entonces este derecho humano no tendría una vigencia real.
En una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, emitida en 2014, se apunta que la propiedad privada se encuentra protegida frente al interés de expropiación por parte del Estado, por lo que la actuación de este último “está sujeta a dos elementos que le exigen ejercer la afectación sólo cuando existe justificación y se realice una reparación al titular de la propiedad privada”.
El Club Campestre de Tijuana señala en su demanda de amparo que el anuncio de expropiación, hecho en enero pasado por el gobernador Jaime Bonilla, el cual se concretó este martes, tiene un carácter confiscatorio. Además, no ha existido un procedimiento previo que justifique la causa legal de la privación, y no se ha respetado la garantía de audiencia previa.
El ocurso del club agrega que “la desposesión y ocupación física del inmueble mencionado” fue anunciada “con supuestos e hipótesis falaces”, en tanto que no existe una partida presupuestal en el Congreso de Baja California que pueda garantizar una indemnización justa a favor de los propietarios del inmueble.
