A pesar de que las renuncias a cargos de elección popular sí se contemplan en nuestra Constitución, los servidores públicos, electos y designados, se oponen a separarse del cargo definitivamente. Quieren tener un pie enfrente y otro detrás, aunque ello signifique dejar al pueblo con una mano adelante y la otra atrás.
Como muestra de ello, tenemos la fracción 27 del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso para “aceptar la renuncia del cargo de presidente”. Por su parte, el artículo 86 señala que: “El cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
En el ámbito local, mientras estados como Colima, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz sí contemplan la renuncia a diversos cargos populares dentro de su normatividad local, en Baja California el gobernador, presidentes municipales, diputados, síndicos y regidores están imposibilitados para hacerlo. Y es que, de acuerdo con el discurso demagógico que ha permanecido vigente desde hace varios años, dichos servidores públicos están obligados a responder al mandato ciudadano, ¡claro! Sólo cuando les conviene.
Otra “curiosidad” es que, a pesar de no existir expresamente la figura del “permiso” o “licencia” para separarse del cargo, los actuales gobiernos en Baja California ya hasta inventaron licencias para cargos de designación. Es decir, secretarios, directores y administrativos solicitan “licencia” a un puesto que no les fue conferido por la voluntad popular, sino por la designación del superior en turno. O sea, una especie de “licencia fantasma”.
En sus debidas proporciones, si lo comparamos con la iniciativa privada, es como si pidiéramos permiso al jefe para buscar otro empleo y nos “guarden” el lugar en caso de que no nos contraten.
Todo apunta a que los funcionarios no quieren quedarse con las manos vacías. El ejemplo más claro es la “Ley Gandalla”, promovida por los legisladores de MORENA quienes lograron asentar la leyenda: “Para ser electo para una diputación de manera consecutiva, no será necesario que el funcionario interesado, solicite licencia para separarse del cargo”, en la Constitución de Baja California. Lo mismo aplica para presidentes municipales, síndicos y regidores.
Tampoco los empleados de los ayuntamientos quieren quedarse “volando”, por eso, bajo una figura totalmente inventada, sin fundamento constitucional o jurídico alguno, se han tomado la amplia libertad de asegurar su actual encargo como premio de consolación, ¡por si acaso!
Lo que sí dice la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California en su artículo 7 fracciones 2 y 8, es que los servidores públicos deben: “Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros”. Además de: “Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general”.
Lo que me parece más “curioso” aún es que, aunque los “servidores” de la Nación, del Estado y de los ayuntamientos aseguran su próxima victoria electoral, se resisten a dejar de roer el hueso. Ahora sí que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.
Post Scriptum. “El poder transforma, transfigura a los hombres, a unos para el bien y a otros para el mal; si se transfigura para el mal surgen los apetitos sin límites”, Jesús Reyes Heroles (1921-1985).
* El autor es maestro, escritor y consultor político.
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