Una condición esencial para que se experimente un proceso sostenido de desarrollo económico es que exista un íntegro estado de derecho, la mayor debilidad del arreglo institucional de México. Cuando nos referimos a la existencia de un íntegro estado de derecho no sólo se trata de que el marco legal vigente se cumpla; hay cuatro elementos que lo componen.
Primero, en el marco legal, tienen que estar eficientemente definidos los derechos privados de propiedad que incluyen, a su vez, tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la libre transferencia de los derechos de propiedad sobre un bien o recurso en transacciones enteramente voluntarias.
Segundo, tiene que haber igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, lo que implica que los mercados operen en competencia y es papel del Estado promover su existencia y perseguir y penalizar prácticas monopólicas. Tercero, el gobierno no puede violentar la esfera privada excepto para hacer que las leyes se cumplan. Cuarto, la existencia de un poder judicial, independiente e imparcial.
El poder judicial tiene dos funciones principales. La primera es garantizar los derechos privados de propiedad y proteger a los agentes económicos privados en contra de actos de terceros, incluidos actos de gobierno, que vulnere los derechos de propiedad. La segunda, es garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre estos y el gobierno. Para que cumpla de manera eficiente y expedita estas funciones, se requiere que éste sea efectivamente independiente y que en sus juicios prevalezca siempre la imparcialidad es decir, el juzgador no puede tener ningún interés particular ni favoritismo hacia alguna de las partes en el asunto que esté atendiendo, incluso si una de las partes es el gobierno.
Si los agentes privados no tienen la certeza de que sus derechos de propiedad serán eficientemente garantizados y protegidos y, más aún, se pone en duda la independencia del poder judicial, se dan al menos dos efectos que impactan negativamente a la economía. El primero es una asignación de recursos productivos socialmente ineficiente; nadie entra en un contrato a menos que sepa que la contraparte no se lo van a transar, aunque no sea el mejor cliente o proveedor. El segundo es que la incertidumbre respecto de la independencia e imparcialidad judicial desincentiva la inversión al incluirse, ex ante, un factor adicional de riesgo que afecta la rentabilidad esperada del proyecto. Ambos efectos derivan en un menor nivel de valor agregado y en menor crecimiento económico, lo que impacta negativamente el nivel de bienestar presente y futuro de la población.
Si la independencia e imparcialidad del poder judicial es crucial para incentivar una asignación eficiente de recursos y la inversión, éstas adquieren mayor relevancia cuando se trata de actos de gobierno. Un gobierno que efectivamente tenga como objetivo que el país se desarrolle en una senda de crecimiento sostenido, tiene que garantizar que sus acciones no vulneraran los derechos privados de propiedad ni el cumplimiento de contratos y que se ajustará a lo que establezcan las leyes vigentes, particularmente la Constitución es decir, garantizará la certeza jurídica como elemento indispensable para el desarrollo económico. Si los poderes ejecutivos y/o legislativo cambian arbitrariamente las reglas del juego, las leyes y los reglamentos, como sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica, es función del poder judicial, actuando independientemente, proteger a los agentes privados de esos actos que vulneren sus derechos.
Un demócrata liberal no solo respeta sino, más aún, le da un alto valor a la independencia judicial, aunque no esté de acuerdo con sus sentencias.
