El Gobierno del Estado gana en opacidad y pierde en transparencia al deshacerse de los consejeros ciudadanos emanados de la Cámaras de Comercio Servicios y Turismo, y de la Industria de Transformación, consideró el presidente de la Federación Baja California de la Cámara Nacional de Comercio (FECANACO), Jorge Menchaca Sinencio.
Lo que debiera ver como un aliado en la búsqueda de soluciones a la problemática del agua y en ayudar a cabildear las altas tarifas que pagan las empresas para sostener el 80% del sistema de agua de la entidad, el Gobierno del Estado lo trata como enemigo, apuntó.
El representante de las cámaras de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, indicó que los consejeros que por Ley representaban a la sociedad civil organizada ante los organismos operadores de agua, lo hacían como coadyuvantes en las tomas de decisiones en las asambleas, aunque nunca tuvieron mayoría en los consejos.
Menchaca Sinencio, lamentó que el Gobierno del Estado desestime la aportación de la iniciativa privada a la administración del agua en la entidad, ya que constituían un puente para conocer las necesidades reales del líquido y los servicios que requiere la comunidad para su subsistencia y desarrollo.
También fue lastimosa la participación de los diputados que aprobaron la propuesta, consideró, ya que la presencia de los particulares, daba legitimidad y transparencia al organismo, así como elementos para ser receptores de fondos del Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan), beneficio que ya no será posible.
El dirigente de la FECANACO coincidió con la postura del diputado Rodrigo Otañez, en el sentido de que la tendencia mundial en la administración del agua, es que sea a través de consejos ciudadanos, porque éstos le dan una visión de largo plazo y trasciende los periodos de gobierno, situación que permite una mejor planeación.
También es cierto, indicó, que la presencia de ciudadanos, en este caso emanados de las cámaras de comercio y la industria desde noviembre del año 2000, obedece a los requisitos que exige la Comisión Nacional del Agua para otorgar incentivos económicos de hasta un 15% a los organismos operadores.
Tienen razón los diputados locales que votaron en contra del Dictamen 70, destacó, en el sentido de que los organismos operadores de agua más eficientes son los que tienen mayoría ciudadana en sus consejos, como son los casos de San Luis Potosí y León Guanajuato.
Más que eliminar a los consejeros ciudadanos, se debió haber hecho lo contrario, invitar a más personas provenientes de organizaciones civiles de más sectores, incluidos representantes de colonias.