Aún y con la ola de agrias novedades que prevalecen en Baja California, es menester estar bien y de buenas, por eso quiero comenzar esta entrega felicitando a mi amigo Jonathan Serna por haber sido nombrado dirigente municipal del partido político en el cual milita. Así mismo, hago extensivos mis mayores deseos de éxito a mi compañera Dulce Janeth Valdez, quien ocupa la Secretaría General. ¡Enhorabuena para ambos!
Mientras la incidencia delictiva en Playas de Rosarito aumentó un 17% entre 2018 y 2019, y en lo que va de 2020 incrementó el robo en vía pública y en casa habitación, las lesiones, las desapariciones, los homicidios, las balaceras, los delitos patrimoniales (daño en propiedad ajena, fraude y despojo), y otros delitos; además de la grave crisis económica que ha impactado al sector turístico y a la industria mueblera, la alcaldesa no sufre ni se acongoja.
“Señor Dios, perdóneme por favor…”, cantaba desentonada, pero con mucho sentimiento Araceli Brown Figueredo, presidente municipal del quinto municipio de Baja California. Al parecer, a la munícipe morenista le sobra el tiempo como para departir en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Entre botellas de cerveza, tequila, el acordeón y las guitarras, Brown interpretaba “Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender”, en un “sano” convivio.
El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California señala que los “servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia”.
Y para que no quede duda de quienes son considerados servidores públicos, me permito citar el artículo 91 de la Constitución local, el cual dice que para “los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular…a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal”.
Además, dicho texto establece que los “servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos”, entre ellos la oficina, el equipo y mobiliario del cual gozaban los funcionarios durante su “no festejo”.
Regresando a la Ley de Responsabilidades Administrativas, el artículo 53 deja en claro que “cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el USO…de recursos públicos, sean materiales, humanos…”. Por lo que sería interesante que alguien presente una denuncia por el uso indebido de los recursos públicos ante la autoridad correspondiente, aunque podría iniciarse de oficio. Esperemos que esto no quede en un mero “jalón de orejas” del gobernador, el cual no mereció ni una disculpa formal por parte de la alcaldesa, digamos que eso de la humildad no se les da a todos.
Para finalizar, quiero externar mis condolencias a mis amigos Ranier Falcón y Alan Bautista, quienes, en días recientes, perdieron a sus padres, Andrés Falcón y Francisco Bautista, respectivamente.
Post Scriptum. “Las cosas de palacio van despacio”, dicho popular.
* El autor es catedrático, escritor y consultor político.
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