En el Alto Golfo de California, se ubican tres comunidades costeras emblemáticas de esta región, Puerto Peñasco y El Golfo de Santa Clara en Sonora, y San Felipe en Baja California. Estas comunidades tienen su desarrollo fuertemente ligado a la pesca, por lo que es imposible explicar la historia de estas comunidades sin la pesca. El fomento a la pesca por parte del gobierno ha sido fundamental y ha permitido el surgimiento, desarrollo y auge de pesquerías, pero también han existido crisis ambientales ligadas a la gestión y manejo de los recursos marinos, que han devenido en crisis sociales y económicas. 
En este sentido, el Dr. Carlos Vázquez, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), explica que durante la década de 1970 se implementaron políticas públicas que contribuyeron al desarrollo del sector pesquero, sobretodo el crecimiento del cooperativismo. En esta década se emitió la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, y se ratificó a las sociedades cooperativas el derecho exclusivo para pescar y capturar especies con alto valor comercial, tales como: camarón, langosta, abulón, totoaba, almeja pismo, ostión y cabrilla, entre otras.
Aunado a lo anterior, el investigador agrega que en la década de 1980 la pesquería del camarón que es la de mayor importancia en el Alto Golfo presentaba características de sobreexplotación y sobrecapitalización. Esta situación causó que varias cooperativas desaparecieran provocando desempleo en el sector.
Refiriéndose a lo realizado en los últimos años, el Dr. Vázquez señala que el gobierno ha implementado durante los últimos 15 años mecanismos de restricción y compensación de manera reiterada, impone políticas de regulación acompañadas de políticas de distribución, y estas no han sido evaluadas, tampoco se integraron indicadores sociales y económicos de las comunidades directamente impactadas.
Por último, señala que es necesario generar paneles internacionales con China y otros países del sudeste asiático, además de Estados Unidos y México para controlar la demanda y tráfico de totoaba en esos países.
“A México nos imputan la criminalidad de la pesca ilegal, y la culpa a cargar por el estado actual de alto riesgo de extinción de la vaquita marina, pero los otros países no asumen la responsabilidad en el eficaz control de la demanda y comercio de estos productos”.
