La semana pasada di a conocer el excesivo gasto que significó la celebración del 131 aniversario de la fundación de Tijuana, la cual fue encabezada por el alcalde Arturo González. Un muy exclusivo festejo que le costó más de un millón de pesos al erario, es decir, a nuestro bolsillo (http://www.afntijuana.info/editoriales/109388_tijuana_demanda_mas#ver_nota).
No conforme, semanas antes el XXIII Ayuntamiento de Tijuana decidió despilfarrar el recurso público al adquirir una réplica de la Campana de Dolores, aquella que mandara tañer Miguel Hidalgo en septiembre de 1810, y cuya versión original fue trasladada a Palacio Nacional por indicaciones del general Porfirio Díaz el siglo pasado. A los tijuanenses, la compra de dicha campana personalizada con logotipos del Ayuntamiento de Tijuana, así como su traslado, nos costó $307,400.00 pesos, sin considerar su instalación en el Palacio Municipal. Todo en medio de la pandemia.
Si sumamos el costo de la fiesta del aniversario de Tijuana y el dinero pagado por la dichosa campana, obtenemos un total de $1´447,793.20 pesos, lo cual representa el 27% del presupuesto para protección ambiental o el 60% de lo destinado a justicia, durante el ejercicio fiscal 2020 (http://www.transparencia.tijuana.gob.mx/pdf/presupuestoCiudadano/PresupuestoCiudadanoEjercicioFiscal_2020.pdf).
Sin embargo, en palabras del primer edil: “este Palacio Municipal no ha tenido nunca una campana propia, es la primera que tenemos y por eso, para nosotros, era muy importante tener este ícono aquí para que lo disfruten los tijuanenses…La vamos a dejar en este lugar para efecto que se puedan tomar fotos y que puedan venirla a visitar”. ¡Qué bueno! Porque, la verdad, estaba con el pendiente.
Y aprovechando la “buena” y “cercanísima” relación que existe entre el referido y el gobernador de Baja California, ambos de extracción morenista, justo es mencionar que el Gobierno del Estado no se quedó atrás en los expendios, pues gastó $74,776.05 pesos por los servicios del fotógrafo, montaje de escenario, retoque, impresión y enmarcado de 45 fotografías de Jaime Bonilla, las cuales fueron distribuidas en igual número de oficinas. Un verdadero culto al ególatra empedernido de…Narciso.
Y hablando de la campana y del gobernador, Jaime Bonilla recientemente señaló que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos son como las “llamadas a misa”, es decir, que no son vinculatorias ni obligatorias, ¡tal y como sus opiniones! Pues en ninguna de las facultades y obligaciones dispuestas en el artículo 49 de la Constitución Política de Baja California, se le confieren atribuciones para supervisar, regañar o recomendar a los presidentes municipales. El gobernador debería tener en claro que los funcionarios municipales no son sus subordinados, además de tener muy presente que él sí es empleado de todos los bajacalifornianos.
Además, el artículo 115 de la Constitución federal establece que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…”, y continúa señalando que “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente(a) municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine…”. No, tampoco lo faculta al para entrometerse.
Gobernador, respetuosamente le sugiero que deje de “amarrar navajas”, que mejor aplique aquello de “al César lo del César” y se dedique a hacer su trabajo, que ya solo le restan 14 meses de su efímero gobierno.
Post Scriptum. “Yo no soy Dios para castigar sin palo ni cuarta”, Sara García.
* El autor cuenta con una Maestría en Comunicación Estratégica y es doctorando en Derecho Electoral.
