Hasta hace unos meses, incluso unas semanas, las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) mundial indicaban una tendencia hacia la recesión, debido a que varios países del hemisferio mostraban un decrecimiento sostenido. Solo para algunos pocos la tendencia se definía por una curva ascendente. Las primeras horas del 9 de marzo se anunció en el continente asiático el desplome que seguirían las bolsas de valores del mundo y con ello las enormes diferencias entre naciones. Las gráficas con cascadas de colores estrepitosamente marcaban las condiciones de un modelo de excesos financieros, consumo desmesurado, e individualismo exacerbado. El filósofo y especialista en economía alternativa y solidaria Carlos Azcunze planteó desde 2007 que en este modelo ya no había espacio para “relaciones de intercambio comercial más justas y equitativas”.
No obstante, fue a partir del 2007 que el comportamiento del PIB mundial evidenció la inconsistente realidad de las economías, cuyos niveles más bajos se presentaron en 2009 y 2019 (Tabla 1). La Organización de las Naciones Unidas advirtió a principios del 2020 que este comportamiento deriva de “conflictos comerciales prolongados” y que podría causar retrocesos en la eliminación de la pobreza y el empleo. El Banco Mundial en su reporte de 2019 “Perspectivas económicas mundiales: Altas tensiones, escasas inversiones” se refería a los riesgos de la desaceleración económica.
Tabla 1. Comportamiento del PIB Mundial 2007-2019 (%)
Año |
Tasa promedio |
2007 |
4,319 |
2008 |
1,851 |
2009 |
(1,670) |
2010 |
4,299 |
2011 |
3,133 |
2012 |
2,508 |
2013 |
2,654 |
2014 |
2,833 |
2015 |
2,806 |
2016 |
2,482 |
2017 |
3,109 |
2018 |
2,974 |
2019 |
2,4 |
Fuente: https://datos.bancomundial.
Pero lo peor aún estaba por venir. A las tensiones comerciales, la caída en la inversión y la desconfianza en los mercados financieros, se sumó una variable que trastocó aún más el escenario económico global: el COVID-19 (2019-nCoV), cuya aparición se difundió mundialmente desde noviembre del 2019. De acuerdo con los especialistas del área médica de China, la “nueva neumonía por coronavirus” si bien no ha logrado el alcance de otras enfermedades contagiosas como la peste o el cólera (Wang Zhou, 2020: 72), ya se ha convertido en un riesgo de salud pública mundial.
La incertidumbre global se acentuó desde finales de febrero y se agravó en pocas semanas por la rápida propagación del virus y la dificultad con la que las personas pueden ser diagnosticadas sin pruebas de laboratorio. Para el jefe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, Wang Zhou (2020) y su equipo, “las personas con infecciones asintomáticas, incluidas las de 2019-nCoV, son posibles propagadores del patógeno”.
El seguimiento de la Johns Hopkins University a través del Coronavirus Resource Center muestra casi en tiempo real el control de la pandemia y la velocidad de recuperación de los pacientes, así como las desigualdades globales. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ya señalaba de manera contundente en su artículo publicado por La Jornada el pasado viernes 20 de marzo, que “esta pandemia sólo está empeorando una situación de crisis a la que la población mundial ha estado sometida, [y] de ahí su peligrosidad específica.”
El COVID-19 ha revelado que la atención médica desde los sistemas nacionales y regionales de salud, incluso al interior de países avanzados, mantiene rezagos importantes. En economías destacadas como la de California, Estados Unidos, más del 40% de la población tenía en 2014 algún tipo de carencia y el 3% correspondía al sector menos favorecido. A su vez, el mayor porcentaje de personas sin seguridad social se concentraba entre la población de origen latino con un 62%.
La privatización de la seguridad social, la disminución de las coberturas médicas y las enormes brechas entre los sectores de población para lograr una vida digna, no son ajenos a las interconexiones productivas ya que representan las desigualdades en el nivel de ingreso per cápita. Por lo anterior, estamos obligados a pensar en colectivo sobre las conexiones entre los sistemas de producción, distribución y consumo, bienes públicos y seguridad social.
A su vez, las múltiples cadenas de compra y venta que se despliegan a lo largo del mundo incluyen a los micro, pequeños y medianos negocios, que no solo son altamente vulnerables por el tamaño de su capacidad instalada. Su vulnerabilidad es la nuestra y la de todo el sistema. En México, el segmento de las MiPyMes representa más de 95% de los establecimientos que se abastecen de proveedores regionales, nacionales y multinacionales.
¿Qué vías nos permitirían estabilizar e incluso disminuir algunos efectos durante este receso productivo impulsado por la emergencia sanitaria global? ¿Puede llevarse a cabo una estrategia productiva desde una vía multi-paralela a la propagación e incertidumbre derivada del patógeno COVID-19? Vale la pena alentar nuevas formas de colaboración. Vale la pena hablar de una economía solidaria para mitigar los daños y evitar que se mantengan o amplifiquen los escollos de la exclusión.
Vale la pena activar esquemas de reorganización productiva e incluso avanzar a un sistema de inclusión financiera, social y eficazmente responsable. Se requieren vías accesibles e integradoras para fortalecer a consumidores, productores y distribuidores. No se trata de promover y replicar medidas que mantengan los desequilibrios sociales y económicos. La idea de una economía solidaria debe disminuir las distorsiones en los encadenamientos productivos ante esta crisis aún de ininteligibles consecuencias. Se requieren acciones estratégicas e innovación social, con registros actualizados de las poblaciones, infraestructura, proveedores y especialidades por cadena productiva. Se requieren alternativas de inclusión para fortalecer a todos los eslabones y, en la medida de lo posible,cubrir directa o indirectamente las necesidades de esta urgencia sanitaria.
En la localidad fronteriza de Tijuana destacan muestras de colaboración y adaptación. Por ejemplo, REX es una empresa pequeña dedicada al control de plagas en casas habitación que ha reorientado sus unidades y cartera de clientes a la desinfección de unidades de transporte colectivo. Otro ejemplo lo ha puesto el sector gastronómico de pequeños y medianos negocios desde nuevos esquemas de entrega a domicilio y drive-thru para no despedir a su personal. Un grupo de restauranteros (Karbó, Norte, Seki, Playami, Los Panchos, Slow Burger y Tadeo Chilaquería, entre otros), empezó un esquema de propaganda colaborativa mediante redes personales y plataformas virtuales con el distintivo #consumelocal desde ayer 23 de marzo. El objetivo es mantener el empleo y enfrentar de una mejor manera la desaceleración del consumo de las próximas semanas. Otras acciones de impacto social son las de Calimax y sus afiliadas. Este supermercado de origen regional implementó un protocolo de higiene, promovió horarios preferenciales para los adultos mayores, y como medida incluyente ha desalentado las compras por pánico.
Las cámaras de representación empresarial podrían sumarse a este tipo de iniciativas colaborativas e innovar en otras formas de inclusión. La sola transferencia de recursos para las MiPyMes, así como la exención de cuotas fiscales por si mismas no constituirán la disminución de desigualdades en el mediano plazo. El sano distanciamiento social no puede convertirse en un aislamiento de las unidades productivas. Un esquema de economía solidaria debería alentar el fortalecimiento de redes de negocios en cadenas de suministro sólidas.
En espacios fronterizos como Tijuana, confluye además un importante número de cadenas de producción y distribución vinculadas a distintos países. Estas condiciones ponen a prueba la última generación de acuerdos comerciales que considera arreglos recíprocos para el “comercio electrónico, contratación pública, empresas de propiedad estatal, solución de diferencias y protección de la propiedad intelectual” (BID, 2018). Este es un momento clave para que los beneficios proyectados entre Canadá́, Estados Unidos y México se consoliden en tiempo record. Se requiere el establecimiento de medidas inmediatas para el acceso preferencial a los mercados comunes y la “eficiente circulación transfronteriza de bienes y servicios”, atendiendo la emergencia del COVID-19. La relocalización productiva, las alianzas estratégicas y la inmediata transferencia de tecnología pueden ser medidas alternas.
Anteponiendo la complejidad de las interconexiones y el fracaso de los conflictos comerciales y los mercados financieros de las últimas décadas, el T-MEC (USMC-A), podría encausar medidas “detrás de frontera” y promover rápidamente la “igualdad de condiciones” para enfrentar los efectos de esta crisis sanitaria y transitar hacia un modelo económico inclusivo. Urge que el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá sea el mejor ejemplo de cooperación para el intercambio inclusivo de sus economías, comunidades e instituciones.