Queda muy claro por qué López Obrador odia a organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Como candidato, se benefició tremendamente de sus investigaciones que descubrieron varios casos de corrupción del gobierno de Peña. Pero, ahora como Presidente, no le gusta nada que esa misma organización realice estudios que ponen en evidencia las deficiencias de su gobierno.
La más reciente investigación de MCCI es sobre las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) que este gobierno lanzó. A continuación gloso los principales hallazgos de este estudio que puede consultarse aquí.
Fiel a su estilo, este gobierno se aventó como el Borras a abrir, nada menos, que cien universidades nuevas: “La intervención comenzó su primer año de operación sin contar con un documento que presentara las características básicas de su diseño y describiera sus principales procesos operativos, como reglas de operación”.
No hay datos sobre los estudiantes que están ahí cursando una dizque carrera universitaria: “se desconoce cuál es el mecanismo o los criterios empleados para la selección de estudiantes. Sumado a lo anterior, la información recopilada en la plataforma de inscripción recoge datos mínimos sobre los demandantes del servicio”.
Una muestra de treinta de las cien universidades demostró que no cumplen las reglas mínimas que ordena la Secretaría de Educación Pública para otorgar títulos con validez oficial de los estudios: “Esto implica que los actuales alumnos de las UBBJG no podrán acreditar formalmente los estudios realizados a la fecha con fines de titulación oficialmente reconocida, o para la obtención de una cédula profesional”.
Algunas de las instalaciones son, francamente, de pena ajena: “incluyen terrenos baldíos, unidades deportivas, salones municipales, oficinas de gobierno local, casas ejidales, bibliotecas municipales, locales comerciales, casas de la cultura”.
Las UBBJG no están localizadas, como se pretendía, en municipios de alta marginación ni en localidades donde no existían instituciones de educación superior en un radio de cincuenta kilómetros: “Entre los treinta planteles visitados se encontró que en 18 casos (60%) existe una o más instituciones de educación superior públicas entre uno y veinte kilómetros de distancia (en doce casos incluso se encuentran a menos de diez kilómetros), lo cual implica un tiempo de traslado de entre cuatro y 29 minutos en transporte público”.
El programa tiene un claro sesgo político a favor del partido gobernante: de las cien universidades, cincuenta se ubican en municipios gobernados por Morena y nueve más en los gobernados por algún partido de su coalición”.
Los estándares de operación son una vergüenza: “El programa habría obtenido 0.72 de cuatro puntos en la evaluación Coneval, equivalente a 18% de los requisitos para programas nuevos, es decir, se trata de un programa altamente deficiente”.
Tienen pocos alumnos y profesores: “cuatro universidades cuentan con más de 400 estudiantes. El promedio de alumnos de las otras 26 es de 94. Quince de las treinta universidades [de la muestra estudiada] cuentan con menos de cinco profesores. El promedio para las 30 universidades es de cuatro por plantel”.
Estos datos me recuerdan otra historia relacionada con AMLO. Siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). De acuerdo a un informe de Reporte Índigo, entre 2001 en que se abrió dicha universidad al 2007, sólo egresaron 28 de los 596 alumnos inscritos en ese periodo. “Este índice de egreso que existe en la UACM es casi seis veces inferior a los egresados de la UNAM […] No obstante, la UACM ha destinado más recursos por alumno que la misma UNAM”. Según este reporte, muy pocos de sus egresados logran ejercer su profesión en el mercado laboral.
En conclusión, el Presidente, efectivamente, ha cumplido con una de sus promesas de campaña: abrir cien nuevas universidades públicas. Como la UACM, todas ellas patito.
