Con la reforma fiscal, a partir del 2021 se deben reportar esquemas que generen algún beneficio fiscal para las empresas, lo cual representa mayor carga administrativa para toda la base de contribuyentes, cuando en realidad está enfocada a los grandes corporativos que suelen ser los evasores.
Lo anterior lo comentó el Lic. Jorge Libreros, consultor de la firma EY, quien expuso el tema “Recaracterización y esquemas reportables” durante el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), que preside el C.P.C. Francisco Gárate Estrada.
El consultor señaló que la autoridad federal obliga, a partir del 2021, a todos los contribuyentes y asesores a reportar sus planeaciones fiscales, las cuales consisten en una serie de actos que, dentro del marco de la ley, van encaminados a obtener un beneficio fiscal.
“Entonces el SAT (Servicio de Administración Tributaria) hizo una lista de supuestos como el ocultar depósitos en el extranjero. Es poco probable que, por inocente, caigas en esos supuestos, porque es una lista limitada y el fisco va a tener más información”, subrayó.
Jorge Libreros destacó que esta obligación está diseñada, principalmente, para grandes corporaciones, sin embargo, se convierte en una regla a cumplir para toda la base de contribuyentes.
Por su parte, el C.P.C. Francisco Gárate Estrada, presidente del CCPBC, mencionó que no se tiene medido qué tanta información le va a llegar al SAT, por lo que, como gremio, han decidido reportar todo lo que consideren necesario.
“Vamos a llegar a la conclusión de que la autoridad no tendrá la capacidad para revisar toda la información, sin embargo, por nuestra parte el compromiso es prepararnos para este tipo de análisis con gente experta en el tema, porque es algo muy técnico”, destacó.
El dirigente subrayó que existen riesgos tanto para el contribuyente como para los asesores fiscales, de no cumplir con los reportes, en donde las multas van de los 50 mil a 2 millones de pesos.
Consideró que las armas que le dieron al SAT con la reforma 2020 serán para fiscalizar y las va a aprovechar, a pesar de que este acto siempre recae en los contribuyentes cautivos, en lugar de incorporar a la informalidad.
“Casi un 40% de la economía aún está en la informalidad, que es donde tiene la autoridad que ponerse las pilas, ver la manera de cómo incorporar a estas personas”, expuso.
Gárate Estrada recalcó que menos del 10% de los contribuyentes son quienes podrían realizar actividades de riesgo y que son a quienes va dirigida esta regla de los esquemas reportables.
“Sobre todo aquí en la frontera, los inversionistas vienen a trabajar, a generar empleo y cumplir con las disposiciones, y no están preocupados en ver la forma de evadir impuestos, es un tema que la autoridad tiene que flexibilizar la fiscalización, porque si no va a disminuir la inversión en el país”, dijo.
Respecto del incremento de los impuestos estatales, como profesionistas en la materia el CCPBC manifestó un no rotundo, precisó el dirigente, quien dijo que la situación financiera del estado se debe a la mala administración que se ha tenido.
“Los empresarios ya tienen presión a nivel federal y la manera en que lo está manejando el estado va a afectar la economía, ya ha habido manifestaciones de que va a aumentar la inflación”, advirtió.
Por último, el contador público certificado calificó de ingenuo e ilógico pensar que el sector gasolinero va a sacrificar la mínima ganancia que le queda, para subsidiar el impuesto que aprobó el Congreso de Baja California, por lo que la escalada de precios será absorbida por el ciudadano.
