La extensión de vigencias y preservación de fracciones arancelarias del Decreto Comercial Fronterizo, así como la renovación del Decreto de Importación de Autos Usados, son algunos de los logros obtenidos por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana durante gestiones realizadas ante autoridades gubernamentales federales.
Así lo dio a conocer el C.P. Jorge Macías Jiménez, presidente de la Canaco-Servytur en Tijuana, ante miembros del Grupo 21 donde llevó a cabo la exposición Gestión Institucional de alto impacto en el sector comercial.
El líder empresarial expuso que después de intensas gestiones ante la Secretaría de Economía y con incertidumbre en cuanto a los términos de renovación del Decreto Comercial Fronterizo se logró la ampliación de vigencia hasta el 30 de septiembre del 2024.
Dicho decreto contiene 1,422 fracciones de productos exentos del pago de impuesto de importación, y cuyo beneficio abarca al sector comercial, pero también a la industria y otros ramos, comentó Macías Jiménez.
En cuanto a la renovación del Decreto de Importación de Autos Usados, dijo, se logró su renovación extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, bajo los mismos términos de importación.
En la regularización de vehículos “chocolate”, comentó que ante los diferentes posicionamientos referentes al tema a nivel federal y estatal, no se ha logrado un consenso.
Debido a lo anterior, no ha prosperado ninguna iniciativa para legislar y crear un mecanismo para el ordenamiento de tales unidades que hoy constituyen un problema social, de seguridad e impacto al medio ambiente.
Macías Jiménez expuso que a nivel local, como representante del sector comercial, se han realizado diversas gestiones que buscan la reducción del índice delictivo que se registra en la ciudad, y sus efectos en la actividad empresarial y dentro de la comunidad tijuanense.
Por último, indicó que la Canaco ha planteado distintas propuestas encaminadas a inhibir la comisión de delitos en empresas del sector, a la vez que promueve entre el empresariado medidas preventivas y de denuncias, estableciendo un esquema de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, los nueve delegados municipales y representantes de la Cámara ante dichas delegaciones.
