La reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) requiere de precisiones, ya que las empresas están en la incertidumbre acerca de a quién retener ese impuesto y no verse afectadas en su deducibilidad.
Así lo señaló el M.I. José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), luego de presidir el desayuno técnico del organismo en el que el Lic. Roberto Quijano Sosa abordó el tema “Estado actual de las reformas laborales e impacto de los impuestos estatales en el ámbito laboral”.
El dirigente resaltó que la comunidad empresarial requiere que la autoridades federal precise la nueva adición de la Fracción IV del Artículo 1A, de la Ley del IVA, en lo relativo a quiénes les aplica.
“Por ahí hubo una modificación en la propuesta original, dicha retención aplicaba a la subcontratación laboral, posteriormente, basado en la redacción de los legisladores, queda un poco ambigua, entonces hay mucha incertidumbre de parte de las empresas que si le tienen que retener o no el 6% en la tasa general, y en la tasa disminuida 3%, a las empresas que les prestan servicios”, explicó Melgar Díaz.
El Maestro en Impuestos indicó que la petición del sector productivo es que la autoridad especifique dicha situación, dado que es una Ley que entró en vigor desde el 1 de enero de 2020.
Agregó, que esta falta de claridad también pone en juego la deducibilidad del gasto de las empresas, pues no ha habido una resolución o regla miscelánea que aclare su aplicación, misma que en un principio iba encaminada al outsourcing o subcontratación laboral.
En este sentido, el presidente de la AMCP consideró positivo que el gobierno trate de erradicar las malas prácticas que las empresas han cometido mediante el outsourcing, ya que se trata de una figura que existe a nivel global, pero que en México no ha habido una legislación que la regule.
“Existen lagunas y lo correcto sería que tanto el gobierno como los legisladores hicieran leyes que regularan de una manera adecuada”, sentenció.
Por su parte, el Lic. Roberto Quijano Sosa, abogado empresarial, comentó que el outsourcing siempre ha sido controversial, porque la gran mayoría se ha dedicado a evadir impuestos y responsabilidades laborales con los trabajadores.
Respecto del tema del incremento de impuestos por parte del gobierno de Baja California, que entraron en vigor desde el 1 de enero de 2020, dijo que sin duda tendrán un impacto negativo.
“Se entiende que es una medida impopular, ya que los impuestos es una de las últimas medidas que un gobierno buscara, sin embargo, en la práctica sabemos que es inflacionario, que impacta las empresas, y que traerá un ajuste en los precios de los productos y los servicios”, expuso.
El abogado mencionó que la primera recomendación a las empresas es que hagan una valoración de su flujo y qué tanto les va a incrementar su operación, ya que se trata de un aumento del 35% del impuesto, y luego valorar si es conveniente promover un amparo.
Quijano Sosa sugirió al sector empresarial buscar una vía de comunicación con el gobierno estatal, ya que la vía del amparo significa una vía de confrontación.
“Lo que se requiere es tener un acercamiento para que, en esta nueva realidad, encontremos lo que es más conveniente para el estado. Los nuevos impuestos impactan negativamente, pero la mayor afectación es para el consumidor final”, finalizó.
