Este mes de septiembre se plantea someter a discusión la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para modificar el concepto de “Operaciones inexistentes”, a “Actos jurídicos simulados”, cambiando así el sentido del ámbito administrativo al ámbito penal.
Así lo señaló el Lic. Jorge Pickett Corona, abogados fiscalista, quien mencionó que esta propuesta de reforma fue presentada por el senador Ernesto Pérez Astorga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
“Dentro de la exposición de motivos realizada por el senador se destaca el hecho de que se busca eficientizar los procesos operativos del fisco federal, a efectos de aumentar la recaudación, sobre todo en aquellos sectores que toman ventaja de las diversas lagunas que pueden existir en la legislación y que les permite eludir su responsabilidad con la sociedad”, expuso.
Indicó que, según datos oficiales, existe un déficit de 324 mil millones de pesos, equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, producto de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales con el único propósito de amparar operaciones simuladas.
Asimismo, agregó, así como los receptores de los mismos que se ven beneficiados al utilizar dichos comprobantes fiscales para disminuir los impuestos a su cargo, al darles efectos fiscales de deducción o acreditamiento, llegando incluso a formular solicitudes de devolución de saldos a favor.
“Por esta razón, no solo buscan el que se modifique el Código Fiscal de la Federación en cuanto a las operaciones simuladas, sino que también se busca el ampliar el catálogo de medios de notificación”, destacó Pickett Corona.
Lo anterior a fin de evitar que aquellos se vean entorpecidos por medios de defensa relativos a “ilegalidad de las notificaciones”, en virtud de que el articulo actualmente solo prevé la notificación a través de buzón tributario, lo que limita en muchas ocasiones la posibilidad de actuación.
Por último, el abogado fiscalista refirió que el Senado aprobará el dictamen correspondiente en el siguiente periodo de sesiones, donde se pretende reformar el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Fiscal de la Federación.
