Ante la fuerte campaña de fiscalización que ha emprendido el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben estar alertas de no caer en operaciones simuladas con la compra de facturas falsas, ya que para la autoridad representa un delito grave.
Así lo señaló el Mtro. Raúl Melgar Díaz, titular del boletín legal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), quien dijo que aunque desde hace dos años se emprendió esta fiscalización por parte del SAT, ésta se arreció cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante el déficit recaudatorio.
El objetivo es evidenciar a esos proveedores de facturas falsas, explicó el maestro en derecho fiscal, ya que en ejercicios fiscales anteriores se registraban compras desmedidas de operaciones simuladas, es decir, inexistente, las cuales generan un daño al erario público, pues no existe una recaudación propiamente.
En estos esquemas se utiliza una triangulación para evitar el impuesto, detalló, es así que la fiscalización va enfocada en descubrir a estos proveedores, y a la vez a quienes compran las facturas, de manera que los contribuyentes serán fiscalizados y tendrán que comprobar con documentación y con la materialidad del servicio, contratos, bitácoras de trabajo, que sus operaciones son reales.
“Hoy en día hay que tener cuidado con cualquier proveedor de servicios, sobre todo de outsourcing, que no es precisamente malo, pero depende el proveedor y la veracidad de la
Operación, pues empresas que sí pueden caer en ese supuesto y generar un problema para el contribuyente”, destacó Melgar Díaz.
Inclusive, agregó, puede haber un proveedor o producto que no haya sustentado sus operaciones con documentos o entrega de bienes o materiales, y el SAT puede presumir que se trata de una operación simulada.
Para ello, el SAT ha publicado en su portal de internet, así como en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el listado con los proveedores considerados presuntos EFOS, o bien, como definitivos.
El titular del Boletín Legal de la AMCP hizo un llamado a los contribuyentes a verificar a sus proveedores y no caer en operaciones simuladas, ya que amerita cárcel de 3 meses hasta 6 años, pena que se busca equipararla como delincuencia organizada e incrementarla hasta 10 años de cárcel.
