La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que muchas de las decisiones tomadas hasta ahora por la actual administración han generado una percepción de inseguridad jurídica, lo cual agrava la falta de crecimiento económico y ha colocado al país en la antesala de una recesión.
El presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que la caída de la inversión, como la que registra actualmente México, está directamente vinculada a la fragilidad del Estado de derecho, lo que juega un papel importante en el fenómeno de la inseguridad física y patrimonial, pero es mucho más grave en la inseguridad jurídica.
Hay temas del Estado de derecho que tardan tiempo en arreglarse, como el de la inseguridad, pero también hay otros que dependen de la voluntad política y de las decisiones correctas del gobierno, los cuales tienen que ver con la generación de certidumbre jurídica, argumentó en conferencia de prensa.
Así, es evidente que el gobierno federal tiene una gran área de oportunidad para tomar decisiones correctas que den certidumbre, puedan atenuar estas problemáticas y con ello incentivar la inversión.
Opinó que la estrategia gubernamental para combatir la inseguridad debe tener “miras más elevadas”, pues es un problema sistémico que dejó de ser regional y ya se convirtió en nacional, por lo cual no puede aceptarse que el apoyo económico que dan las autoridades federales a estas acciones sea regresivo.
Comparó que el presupuesto destinado a la seguridad disminuyó este año 21.8 por ciento respecto al año pasado, para quedar en 101 mil 498 millones de pesos, lo que representa 0.41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 0.81 por ciento, el doble.
Así, dijo de Hoyos Walher, México se encuentra entre los países de la OCDE que muestra los mayores niveles de inseguridad y fragilidad del Estado de derecho.
“Es paradoja, una inconstancia, que la política pública en el tema donde el país es más sensible para los ciudadanos y tiene menor nivel de desempeño respecto del mundo, tenga presupuestos tan bajos y todavía se esté llevando a cabo una reducción”.
Por ello, el líder de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para elevar los recursos presupuestales en materia de seguridad al menos a los niveles del año pasado, pero con el objetivo de alcanzar el promedio de la OCDE, organismo del cual México forma parte.
Refrendó la confianza en la recién creada Guardia Nacional, como un mecanismo necesario para combatir el crimen y revertir los índices de inseguridad prevalecientes en el país, aunque reconoció que hubo problemas de implementación, como las protestas entre elementos de la Policía Federal por su incorporación a esta nueva institución.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Juan Manuel Hernández Niebla, sostuvo que en el primer semestre de este año se ha registrado uno de los índices más altos de inseguridad en el país.
Datos oficiales de la incidencia delictiva del fuero común, revelan que de enero a junio de 2019 respecto a igual periodo del año pasado, el homicidio doloso aumentó 14.7 por ciento, la extorsión 65.7 por ciento, delitos contra la libertad y seguridad sexual 64 por ciento, robo en transporte público colectivo 11 por ciento y robo a negocio 23 por ciento.
Si bien algunos delitos que muestran una baja, como el feminicidio, el secuestro y robo a transeúnte en vía pública, precisó que el incremento de los delitos de alto impacto han ocasionado un deterioro de la seguridad pública y muestran fallas en la prevención y coordinación de las autoridades.
Por otra parte, el presidente de la Coparmex se refirió a la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, por acuerdo del Congreso local, al calificarla como una “violación al orden constitucional” que debe ser corregida por la vía legal.
Destacó las impugnaciones hechas por los alcaldes de Mexicali y Tijuana para revertir esta situación, y confió que el Poder Judicial de la Federación cumplirá con su responsabilidad, ya que este caso no debe considerarse como un tema local.
“Implica una vulneración de los principios básicos, de la estabilidad democrática, de la certidumbre electoral y, por lo tanto, sin dedicatoria, en lo general, no debe permitirse un precedente de este tipo”, subrayó de Hoyos Walther.
Al sector patronal, dijo, le preocupa que en un tema de esta gravedad, y contrario a su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador este invocando una “neutralidad política”, ya que esto resulta extraño porque este hecho vulnera la legislación local y trastoca los principios constitucionales.
También se refirió a las querellas presentadas ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del líder petrolero Carlos Romeros Deschamps, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y la detención este miércoles en Alemania de Gilda Austin, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
“Apoyamos cualquier acción del Estado mexicano y de sus distintas entidades para hacer valer el Estado de derecho, siempre sujetando el debido proceso. Si como consecuencia de las investigaciones que se han hecho se encuentra que hay responsabilidades en cualquier persona o empresa vinculada a quien fue director de Pemex, apoyamos se procesa en consecuencia”.
