La reciente publicación del “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que a pesar de la mejora de la posición fiscal registrada en América Latina, la deuda pública bruta sigue en aumento, mientras que sus ingresos fiscales aún son insuficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Así lo dio a conocer el abogado fiscalista Octavio de la Torre de Stéffano, socio director de TLC Asociados, quien subrayó que la deuda pública de América Latina alcanzó un 42,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, frente a un 39,4% del PIB en 2017.
En cuanto a los ingresos públicos, apuntó, aunque para el conjunto de América Latina se mantuvieron en el mismo nivel del año anterior de 18,1% del PIB, esta estabilidad ocultó tendencias opuestas entre los grupos de países.
“Se produjo una tendencia a la reducción en el grupo de países compuesto por Centroamérica y México, mientras que en América del Sur estos ingresos están adquiriendo mayor dinamismo”, mencionó.
Precisó que los ingresos fiscales de la región siguen siendo insuficientes para financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la CEPAL, y que una de las principales barreras para la movilización de recursos internos es el alto nivel de evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.
La última estimación de la CEPAL, explicó, sugiere que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, cifra equivalente a 335.000 millones de dólares.
“La CEPAL estima también que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes, alcanzaron los 85.000 millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1,5% del PIB de América Latina y el Caribe”, resaltó.
Varios países han adoptado medidas para mejorar la supervisión fiscal y reducir la evasión tributaria, dijo, como es el caso de México que ha adoptado la facturación electrónica, lo cual apoyará la formalización del comercio y reducirá el espacio para la evasión y elusión fiscal del IVA.
“Al mismo tiempo, el cruce de información proveniente de la facturación electrónica, registros administrativos y otras bases de datos ha permitido la detección de irregularidades o incoherencias en las declaraciones juradas de los contribuyentes”, concluyó.
