Comentaba en mi nota pasada que una de las grandes interrogantes a las que debiera responder el gobierno, a propósito de la rebelión en la Policía Federal, yace en las implicaciones presupuestales del esquema de la Guardia Nacional. Quisiera volver sobre este tema. Pienso que no sólo no salen las cuentas, sino que ni siquiera las hicieron.
En algún momento, Durazo o el propio López Obrador informaron que al crear inicialmente la GN, a partir de la PF y de las policías militares y navales del Ejército y la Marina, sería necesario homologar las condiciones laborales –es decir, presupuestales– de los tres componentes del nuevo cuerpo. Anunciaron que se “emparejarían” salarios y prestaciones, pero no indicaron si hacia arriba o hacia abajo. Parece que fue hacia abajo.
Las prestaciones del Ejército y de la Marina son, se supone, netamente superiores a las de la PF. Los salarios de esta última son mejores que los de Sedena y Semar. Homologar sólo puede significar entregarle a los policías las prestaciones de los soldados y los marinos, y brindarles a estos los salarios de los policías. Pensar que iba a resultar factible una homologación inversa, esto es, reducir las prestaciones de las Fuerzas Armadas, y disminuir los sueldos de la policía era, en su caso, una fantasía absurda. Por el pliego petitorio de los rebeldes de la PF y por las declaraciones de muchos policías, parece que de eso se trató. Se subestimó entonces de manera brutal el impacto presupuestal, en el mundo real, de la Guardia Nacional.
En segundo lugar, el gobierno da la impresión, de acuerdo con las filtraciones de los policías y las versiones de prensa de los motivos de su protesta, que no se calculó la incidencia de las liquidaciones y/o indemnizaciones que entrañará la “extinción” de la Policía Federal. Se entiende que por razones de control de confianza o de otro tipo de requisitos, algunos integrantes de la PF no cumplan con las condiciones establecidas para ser incorporados a la GN. Es lógico, asimismo, que algunos de los reprobados, junto con otros que simplemente no desean formar parte de un cuerpo al final de cuentas militar, como lo es obviamente la GN, prefieran declinar la invitación de hacerlo. También se antoja muy natural que quienes no califiquen, o no quieran ser incluidos en la nueva institución, también rechacen las otras opciones que les proponen: INM, Protección Federal, Comar, etc. ¿Y luego?
Pues no queda más que liquidarlos conforme a la ley, o si aceptan entrar pero en condiciones menos favorables que en la PF, indemnizarlos por la merma en cuestión. En ambos casos, se trata de mucho dinero. Tres meses más veinte días por año de servicio, más el fondo de ahorro, seguro de vida, etc., para una decena o quincena de miles de efectivos con diez o veinte años de antigüedad es una lana. Encierra un innegable impacto presupuestal, que no parece haber sido previsto por Durazo y Cía.
De repente resulta que los policías, a diferencia de muchos burócratas despedidos, e igual que los migrantes/refugiados cubanos, no se dejan. Hay que pagarles lo que la ley estipula, u homologarlos de acuerdo con el principio de derechos adquiridos. No le alcanza el dinero al gobierno, y aunque Urzúa siempre se pliega, los amotinados no.
La pregunta entonces es muy sencilla, aunque yo carezco por completo de elementos para responderla. En el presupuesto de 2019, descontando los incrementos otorgados a la Sedena para sus nuevos juguetes –Santa Lucía, pipas de Pemex, sembrar arbolitos etc.–, ¿cuál fue el monto de aumento real frente al total para seguridad –no tonterías– de 2018? El azul celeste del gobierno no parece haber sido integrado al PEF. ¿Se piensa gastar más, en términos reales, este año que el anterior, en materia de seguridad? ¿O se creía en serio que era posible hacer más con menos?
