Hasta ahora, la imposición de aranceles a México por parte de Estados Unidos es tan sólo una amenaza del presidente Trump. Supuestamente, entrarán en vigor el próximo 10 de junio, con un 5% a todas las importaciones mexicanas, e irían escalando gradualmente hasta llegar al 25% en octubre. Lo que no sabemos es cómo va a argumentar jurídicamente el presidente este acto de autoridad y cómo va a reaccionar el Congreso.
Más que lo que pueda hacer o prometer el gobierno mexicano, tengo la impresión de que, al final, serán las instituciones estadunidenses las que detendrán esta nueva locura de Trump. En particular, el Congreso. De acuerdo con la Constitución de ese país, el Poder Legislativo es el único que tiene facultades para regular el comercio con otras naciones. En este sentido, el presidente no puede, por sus pistolas, imponer aranceles a México.
Recordemos que, mientras se aprueba el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá de libre comercio (T-MEC), sigue vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es considerada como la “ley de la tierra” aprobada por el Congreso estadunidense en 1993. Esa ley prohíbe que, a contentillo, de manera unilateral, uno de los países le imponga aranceles generalizados a otro. Además, tanto México como Estados Unidos son miembros de la Organización Mundial de Comercio y están obligados a respetar sus reglas.
De lo contrario, si el presidente de Estados Unidos puede imponer aranceles porque así le conviene a su agenda electoral, ¿para qué existen los tratados comerciales? Precisamente para darle certidumbre a los inversionistas de que un gobierno no abusará de su autoridad y cambiará, de un día para otro, las regulaciones comerciales.
En este sentido, está por verse cómo el gobierno de Trump argumentará jurídicamente la imposición de los aranceles a México. Diversas publicaciones han especulado que utilizará una serie de normas que le dan atribuciones al presidente en casos de emergencia nacional. Hace poco invocó una para conseguir los fondos para su muro fronterizo sin la autorización del Congreso que, según la Constitución, es el único que puede aprobar recursos. Las dos cámaras del Legislativo votaron en contra de esta medida, pero Trump vetó esta legislación. No hubo los votos en el Congreso para superar el veto presidencial, por lo que teóricamente sigue vigente la “emergencia” para la construcción del muro. El asunto ya se está litigando en el tercer poder, el Judicial, que deberá decidir si el presidente se extralimitó o no en sus facultades. Mientras tanto, un juez ordenó la detención del acto de autoridad.
Bueno, pues lo mismo podría hacer Trump con los aranceles a México. Bajo una ley oscura aprobada en 1977, la International Emergency Economic Powers Act, que efectivamente le otorga atribuciones al presidente para regular el comercio si Estados Unidos es objeto de una “amenaza inusual y extraordinaria”, argumentar que existe una emergencia con México que nuestro país debe resolver.
Se referirá, desde luego, al creciente flujo migratorio de centroamericanos, cubanos y africanos que están tratando de llegar a Estados Unidos vía México. Es, como sabemos, una crisis real. Pero no tiene nada que ver con otro flujo: el comercial. Y ahí estará la litis con el Congreso: si el presidente está o no extralimitándose en poderes que le corresponden al Legislativo. Los propios senadores de su partido, el Republicano, están considerando desafiar la medida unilateral del Presidente porque muchos estados de la Unión Americana se verían afectados con los aranceles a México.
No descartemos que vaya a pasar algo similar a lo del muro. Que ambas cámaras del Congreso voten para derogar los aranceles. Que Trump vete esta ley. Que luego no haya los votos para superar el veto presidencial y, mientras tanto, legisladores, gobernadores, empresarios y todo aquel afectado por la medida demande en un tribual a Trump por no tener facultades y que un juez, en lo que se decide el fondo, detenga la aplicación de la medida.
Trump está abusando de su poder. Un Presidente no puede, por su agenda electoral, contravenir las leyes de su país: ni la Constitución ni las leyes secundarias ni los tratados internacionales. Para evitar los abusos de un poder, los constitucionalistas estadunidenses diseñaron un sistema de gobierno de pesos y contrapesos. Ese sistema, muy pronto, podría salvarnos a los mexicanos de los arrebatos electorales de Trump. Ojalá así sea y aprendamos, de nuestro vecino, la importancia de los contrapesos en una democracia liberal.
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