No entiendo de qué acusan a Enrique Krauze. ¿Hizo algo ilegal? ¿Lo van a procesar judicialmente? ¿O se trata, de nuevo, de una acusación por un acto que ellos, desde el púlpito celestial, consideran inmoral?
Veamos, primero, los hechos. La coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, escribe en su libro Juntos hicimos historia de una supuesta operación para fabricar contenidos en contra de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral del año pasado: “Se presume que [el empresario] Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista de El Financiero y miembro del consejo editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Krauze. La amistad entre el historiador mexicano y el empresario sinaloense era añeja y reconocida públicamente”. Nótese que Tatiana Clouthier no afirma sino presume. Se trata de una especulación.
Puntualmente, Enrique Krauze negó su participación y se deslindó de cualquier operación que hubiese realizado Fernando García Ramírez. Los dichos de Tatiana Clouthier luego fueron acompañados por un artículo en Eje Central, que describe una presunta operación llamada “Berlín” para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, donde habría participado Enrique Krauze.
Luego vino el testimonio de un tal Ricardo Sevilla en el noticiero de Carmen Aristegui, que supuestamente habría participado en este esfuerzo por desacreditar a la campaña lopezobradorista. Enrique Krauze volvió a desmentir todo.
Así estamos hoy: en dichos y réplicas sin pruebas, lo cual abona a favor de Enrique Krauze.
Pero, vamos a suponer que es cierto que se haya asociado con empresarios para montar una oficina dedicada a elaborar contenidos para criticar a Andrés Manuel López Obrador.
Es muy importante reiterar que Krauze lo rechaza, pero vamos a suponer que fuese cierto. ¿Cuál es el problema? ¿No se vale que gente de dinero se asocie con gente de ideas para oponerse a cierto candidato? ¿Es eso ilegal?
No lo es. La ley lo permite. Pero parece que vamos hacia allá.
Percibo la tentación de limitar cada vez más la libertad de expresión en temas políticos. Y esto, por cierto, no comenzó este año.
En la reforma electoral de 2007, se modificó la Constitución para prohibir que cualquier persona, física o moral, pudiera comprar spots de radio y televisión para hablar de política. El monopolio de las campañas masivas se lo quedaron los partidos.
Quince ciudadanos demandamos un juicio de amparo en contra de dicha reforma argumentando, primero, que un artículo constitucional (el 41) no podía limitar un derecho humano como la libertad de expresión consagrada en otro artículo (el sexto) y que, segundo, la Constitución no podía obligar a un ciudadano a asociarse a un partido para poder expresar su opinión en espacios radiofónicos y televisivos. Al hacerlo, se estaban generando ciudadanos de primera, los que están en los partidos y podían expresar sus opiniones en spots, y los de segunda que tenían prohibido hacerlo.
El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que decidió no revisar un acto del Constituyente Permanente.
Perdimos. Pero, desde entonces, advertimos que estábamos frente a una peligrosa pendiente resbaladiza. Se estaba limitando la libertad de expresión comenzando con los spots. ¿Qué seguiría?
Ya lo estamos viendo. Al Tribunal de la Cuarta Transformación le disgusta, aunque sea legal, que los ciudadanos se asocien para investigarlos y criticarlos, aunque sea en la prensa escrita o redes sociales. Sin pruebas, con puros dichos, rumores e insinuaciones, muy a su estilo, están condenando a los que ellos creen que así lo hacen.
Desde el Estado, para consolidar el poder de un partido, trituran el prestigio profesional de gente respetable.
No les importa el abuso del poder. Su intención es gobernar atemorizando. Que ya nadie gaste un peso o una neurona para oponérseles. Hoy, es Enrique Krauze. Mañana, cualquier otro.
Por eso, detrás de la defensa de Enrique Krauze está la defensa de la libertad de expresión en México.
