La ciudad más al noroeste de México, Tijuana (Baja California) se ha convertido en una nueva Lampedusa, la isla italiana que acoge, queriéndolo o no, a miles de inmigrantes que van a Europa desde África.
En Tijuana –que hace frontera con San Diego (California, Estados Unidos) se agolpan más de 2.000 migrantes centroamericanos, la mayor parte hondureños y salvadoreños, y vienen otros 1.000 más en camino.
Al tener el cruce fronterizo con Estados Unidos, Tijuana ha sido el punto de encuentro de las caravanas migrantes de muchos otros países del mundo, como por ejemplo los haitianos que llegaron a México tras de que en Brasil (por el Mundial de Futbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016) concluyera su trabajo.
Presiones sobre México
Sin embargo, ahora y por presión del Gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, Tijuana no solamente tendrá que sostener a los 3.000 o 4.000 centroamericanos migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, sino a los que regrese el país del norte en tanto dura su proceso legal para aceptarlos o no.
Se trata de una nueva política del Gobierno estadounidense puesta en marcha el pasado 29 de enero. Ese día, funcionarios de migración estadounidenses escoltaron al primer migrante hondureño, un hombre de 55 años, hasta una puerta en la frontera del sur de California para que cruzara a México.
El migrante solicitó asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. Conforme a la nueva política, vivirá en México provisionalmente y solo regresará a Estados Unidos en las fechas en las que tenga que comparecer ante los tribunales en relación con su caso.
Según algunos analistas, este tipo de procesos podrán durar hasta dos años, mientras tanto, los migrantes que sean devueltos, tendrán que vivir en México.
Con cargo a México
La nueva política migratoria estadounidense ha sido considerada por los funcionarios del país del norte como “un paso drástico” en el esfuerzo “para frenar el fraude del asilo y la inmigración ilegal”. Anterior a esta política, los migrantes que solicitaban asilo podían vivir en libertad en Estados Unidos mientras esperaban los resultados de sus casos.
El pretexto para formular la nueva política fue que muchos migrantes indocumentados que pedían asilo o refugio por cuestiones humanitarias, jamás volvían a presentarse a las comparecencias que tenían en algún tribunal donde fuera radicada su solicitud, y “desaparecían” en el vasto territorio norteamericano.
Evidentemente, de seguir esta política en funciones, serán millares los solicitantes de asilo que inunden los siete puntos fronterizos más importantes de México: Tijuana y Mexicali (Baja California); Ciudad Juárez (Chihuahua), Piedras Negras (Coahuila) y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (Tamaulipas).
Sin embargo, será Tijuana la que mayor número de migrantes reciba, puesto que hace frontera con California, el Estado aún considerado como “santuario” en Estados Unidos, no así las otras tres entidades que hacen frontera con México: Arizona, Nuevo México y, mucho menos, Texas.
*Lo que priva es la incertidumbre*
Si la política se aplica a la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, esto podría dar como resultado que miles de migrantes más inunden los puertos fronterizos de México, ya de por sí inundados y absolutamente inseguros.
Hasta el momento se sabe que a los solicitantes de asilo que sean devueltos a México se les otorgarán visas especiales de cuatro meses con posibilidad de varios ingresos al país, pues este tipo de documento les permitirá viajar a Estados Unidos para acudir a los tribunales y luego volver de nuevo a México.
Algunos de los migrantes devueltos a México ya tienen visas humanitarias válidas por un año que les permiten trabajar y trasladarse libremente por el país. Los casos de asilo en Estados Unidos pueden tomar años en resolverse; aun así, no queda claro si las visas mexicanas se extenderán ni bajo qué términos.
