Dando por sentado que Jaime Bonilla será el próximo gobernador de Baja California y en lo que a todas luces es una transacción político-comercial, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJE) fijó a 5 años la próxima gubernatura estatal.
Queda demostrado que la política en el país y en Baja California es un jugoso negocio donde los puestos políticos se dan al mejor postor, en lo que ya es una de las peores afrentas para la sociedad de Baja California cuyos votos parasen no importarles a los políticos.
De tal manera, luego de una accidentada sesión pública en el Consejo General del TJE se aprobaron los expedientes MI-18/2019 y MI-21/2019 donde se contenía la controversia para modificar la convocatoria del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California y extender la próxima gubernatura de dos a cinco años. Con una votación de dos a uno, se sentenció que el periodo del próximo gobernador a disputarse el siguiente 2 de junio iniciará el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre del 2024.
Leobardo Loaiza, magistrado ponente del expediente, y Jaime Vargas, votaron a favor. Regina Jiménez, presidenta del Tribunal, voto en contra. El argumento de Loaiza fue que el periodo de gobierno en una entidad federativa no puede ser reducido a solo dos años ya que es gravosa contra los derechos electorales de la persona que sea electa como jefa del ejecutivo estatal, tomando como referencias estándares de la Sala Superior Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, la Suprema Corte de Justicia y tribunales internacionales.
Además que va en detrimento de la misma ciudadanía, debido a que el lapso señalado es insuficiente para implementar políticas públicas, agregó el magistrado. Mientras que la presidenta del Tribunal local, quien se opuso al proyecto presentado por su colega, argumentó un exceso en las atribuciones del órgano ya que el periodo de dos años en la siguiente gubernatura fue discutido y votado en el Congreso del estado el año pasado, por lo que una resolución que modifique dicha decisión pasaría por encima del Poder Legislativo.
Agregó que modificar la Ley Electoral en tan poco tiempo resta el principio de certeza, una de las garantías que vigila precisamente el Tribunal. Sin embargo, Loaiza no consideró tal exposición de la presidenta, ya que el postulado no considera todas las elecciones, sino que solo a una de las elecciones para ser concurrente con alguno de los procesos electorales federales a realizarse en el 2021 y 2024. Por su parte, Jaime Vargas consideró que no se ponderó ni dimensionó en la discusión del Congreso las repercusiones de reducir tan drásticamente el periodo de gobierno del siguiente gobernador.
La ciudadana recurrente de los expedientes fue Blanca Estela Favela Dávalos, quien se presenta como precandidata por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Baja California. El ciudadano Témoc Ávila se presentó en el Tribunal para oponerse a dicha medida, ya que la calificó como un capricho del precandidato a la gubernatura por Morena, Bonilla, quien pretende aumentar su poder en el estado. Aseguró ante los tres magistrados que la decisión que finalmente fue aprobada costará al erario público de la entidad 127 millones de pesos.
Cabe mencionar que Avila fue retirado de la sala por personal de seguridad del edificio. Con los votos a favor de los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, y voto en contra de la magistrada presidente Elva Regina Jiménez Castillo. El Instituto Estatal Electoral deberá emitir la adenda a la convocatoria.
