Dado al impacto que representa para las finanzas públicas el robo de combustibles, el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona destacó la estrategia dada a conocer recientemente por el gobierno federal a fin de combatir esta problemática que se tiene en el país.
Dio a conocer que en días pasados el gobierno federal, emitió un boletín en donde informó que revisaría el cumplimiento de los contribuyentes que comercializan combustibles en el país para identificar irregularidades y posible evasión fiscal.
Explicó que el robo de combustibles genera una problemática social y fiscal, ya que según el informe, cuando un consumidor compra combustible de origen ilícito, aun cuando no lo sepa por adquirirlo en una gasolinera establecida, está generando recursos para las organizaciones criminales y fomentando el financiamiento de otras actividades ilícitas.
Dijo que, de igual manera el mercado ilícito, atenta contra la economía de la población, ya que se evade el pago de impuesto Sobre la Renta, situación que crea una mayor carga fiscal a los contribuyentes cumplidos.
Indicó que además si la gasolina fue importada y se vende robada, el déficit a PEMEX aumenta porque dicha gasolina, ya pagó el IVA en el pedimento de importación y si la gasolina fue producida en México y se vende robada, el Estado no recibe el importe ni por lo tanto el IVA.
Pickett Corona comentó que, en diciembre de 2018, PEMEX envió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la información del ejercicio fiscal 2017, haciendo una comparación de dicha búsqueda con las bases de datos relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados a las estaciones de servicio.
Explicó que dichos datos fueron analizados por la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación, cuya investigación arrojó que hay 194 de contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el Impuesto Sobre la Renta, dando así un aproximado de 3,217 millones de pesos.
Puntualizó, que el SAT ordenó auditorias y revisiones fiscales profundas a dichos contribuyentes, con el fin de recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible; y mientras tanto no regularicen su situación fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenará el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a dichos contribuyentes.
Por último el abogado fiscalista comentó que en conjunto se llevarán a cabo operativos en domicilios, instalaciones, bodegas, vía pública y carreteras para detectar posibles establecimientos que actúen de manera ilegal.
