Con el fin de solucionar el robo y la venta ilegal de combustibles, el presidente López Obrador ordenó la compra inmediata de 571 pipas y la contratación de sus respectivos choferes. No importa que esto cueste 14 veces más que distribuir las gasolinas por ductos. Lo importante es parar la creciente hemorragia de combustibles hurtados. Quizá esto tenga éxito en el corto plazo, pero no será la solución de fondo. Como he venido argumentando estos días en este espacio, aquí estamos frente a un problema de la debilidad del Estado de derecho. Como tal, más que reclutar choferes, lo que requiere el gobierno es contratar a más jueces que puedan procesar y sentenciar a los que se roban los hidrocarburos.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, publicado por la Universidad de las Américas Pueblas y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, México ocupa el cuarto lugar en impunidad de un total de 69 países donde pudieron recabarse las variables para calcular este índice. Sólo Filipinas, India y Camerún están peor que nosotros. La triste realidad mexicana es que los que la hacen, no la pagan. Pueden delinquir con toda comodidad, ya que las probabilidades de que las autoridades los investiguen, procesen y encarcelen son mínimas.
Lo de México es una vergüenza. Somos el país con la mayor impunidad de todo América Latina (Venezuela es considerado como un caso atípico por lo que los autores decidieron dejar fuera a este país del universo examinado). ¿A qué se debe esto?
Tiene que ver, como he dicho en este espacio, a la debilidad de toda la cadena de instituciones dedicadas a prevenir y combatir los delitos: policías, fiscales, jueces y cárceles.
En cuanto a las policías, como muestra el estudio del IGI, hemos invertido muchos recursos para aumentar el número de elementos policiacos. Hoy contamos con “359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes”. Pero son policías muy chafas.
Ni se diga de los fiscales (antes ministerios públicos) acostumbrados a perseguir casos de flagrancia, incapaces de investigar e integrar carpetas con la evidencia necesaria para presentarlas a un juez y lograr una sentencia condenatoria.
Sin embargo, aunque tuviéramos policías y fiscales eficaces, resulta que no contamos con el número de jueces para procesar a los presuntos culpables. Si tomamos el universo completo de los 69 países estudiados en el IGI 2017, existe un promedio de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes. Croacia, la nación con menos impunidad de acuerdo con este estudio, cuenta con 44.71 jueces por cada cien mil habitantes. Va el dato de México: solo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes.
Todo aquel que haya visitado un juzgado mexicano habrá visto cómo el sistema está rebasado. Pocos jueces implica poca capacidad de procesar a presuntos criminales. Si queremos un auténtico Estado de derecho, habría que comenzar por contratar a más jueces con la capacidad de resolver todos los juicios rezagados y abrir espacio para que los fiscales presenten a más culpables por haber cometido todo tipo de delitos.
El IGI 2017 demuestra, con números, la deficiencia de nuestro sistema de justicia. Con pocos jueces, no es gratuito que el 43% de la gente que se encuentra encarcelada en México no haya recibido una sentencia y que existan pocos detenidos con respecto al gran número de homicidios denunciados.
Dice el estudio: “La entrada en vigor, en México, del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad. Sin embargo, el actual sistema acusatorio no genera por sí mismo impunidad. Lo que crea la impunidad son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externas”.
Tienen toda la razón. Desde hace décadas, los gobiernos no han querido invertir recursos fiscales ni capital político en fortalecer nuestro sistema judicial penal. El presidente López Obrador tendría que cambiar esto si de verdad quiere combatir a las distintas mafias que tanto afectan al país. En el caso de la que se dedica a robar combustibles, no se va a resolver distribuyéndolos en camiones, sino investigando, procesando y encarcelando a los ladrones. Más que emplear choferes de pipas, el Estado mexicano requiere contratar más y mejores jueces.
Twitter: @leozuckermann
